La focalización de los esfuerzos de cada estamento de la Administración en combatir y adaptarse a la crisis del coronavirus ha paralizado, pospuesto o hecho disminuir notablemente en la Comunidad Valenciana -como
en el resto de gobiernos- la gestión de cualquier otro asunto. El año comenzaba con una legislatura poco avanzada, ya que ésta arrancó en verano, pero en cuyo inicio ya se encontraban encima de la mesa varios temas pendientes de resolver a nivel político. Uno de los más relevantes era la ampliación del Puerto de Valencia, que generó notables discrepancias entre el PSPV-PSOE y Compromís. A finales de marzo estaba prevista la adjudicación al grupo MSC de la explotación durante 50 años de la nueva terminal de contenedores después de que presentara la única oferta con el compromiso de invertir 1.100 millones (y tras contar Puertos del Estado con las alegaciones al proyecto). Pero todo tendrá que ser aplazado. El parón de las obras supone que, seguramente, salten también por los aires los plazos marcados para el funcionamiento de la línea 10 de Metrovalencia (conocida como la T-2), que discurrirá desde la calle Alicante hasta Nazaret. Los trabajos se reactivaron en julio, ocho años después de encontrarse paralizados, y el calendario anunciado en diciembre por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fijaba la entrada en funcionamiento del servicio en verano de 2021. Lo mismo ocurre con los proyectos de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y los cambios en la calle Colón (como los dos carriles bus o el bloqueo del acceso al tráfico privado desde Porta de la Mar). Todo debía empezar en marzo y se aplazó sin fecha. Financiación Si de calendarios importantes se pregunta a la totalidad del Ejecutivo valenciano -e incluso a la oposición-, el primero en la lista es, seguramente, el de la reforma del sistema de financiación autonómica, una reivindicación tan constante como complicada de cumplir ya de por sí en la presente legislatura, y ahora agravada por la crisis de emergencia sanitaria. El primer paso al que se comprometió Pedro Sánchez con Compromís en el acuerdo de investidura fue a presentar en los primeros ocho meses de legislatura una propuesta (es decir, el próximo septiembre). Todo puede quedar trastocado con la situación actual. Mientras, el territorio cerró el ejercicio 2019 con un déficit del 1,91% de su PIB, cuando el límite marcado para las autonomías era del -0,1%. En materia educativa, se verán afectadas del mismo modo las obras y las intervenciones del llamado Plan Edificant para la supresión de barracones escolares. La promesa incumplida la pasada legislatura de acabar por completo con ellos se pretendía subsanar en la presente. Los esfuerzos centrados ahora en la pandemia está por ver si lo harán posible. Otro debate abierto hasta antes del estallido del coronavirus era la aplicación de la Ley de Plurilingüismo en Secundaria, Bachiller y Formación Profesional el próximo curso 2020-2021. El descontento de algunos sectores hacía prender la mecha especialmente en la Vega Baja (Alicante), con varias manifestaciones en los primeros meses del año. La interlocución desde la Conselleria de Educación todavía no había servido para calmar los ánimos. La actual pandemia sin precedentes ha dejado en espera muchas actuaciones por los episodios de fuertes lluvias que han tenido lugar en la Comunidad Valenciana. La Generalitat ha habilitado ayudas destinadas a familias y municipios para paliar los daños, pero la reconstrucción de los litorales se antoja complicada en este momento. El coronavirus altera, de esta manera, todo lo relacionado con inversiones de la Generalitat Valenciana, que provocará que se tenga que modificar el Presupuesto de este año sin saber todavía cómo afectará a cada conselleria. Frenazo parlamentario En cuanto a la actividad legislativa, las Cortes Valencianas se encuentran en parón prácticamente absoluto. Se canceló el calendario parlamentario y son escasos los asuntos que se pueden tramitar con normalidad. Una muestra es la ley del juego, la norma más importante que PSPV-PSOE, Compromís y Podemos llevaban entre manos y en la que hubo algunas fricciones. El mes pasado se aprobaron las enmiendas y los siguientes pasos eran el dictamen y la aprobación del texto en pleno. Tendrá, una vez más, que esperar. La reforma de la ley de la radiotelevisión valenciana À Punt en una subcomisión era otra de las cuestiones que debía comenzar a trabajarse por parte de los grupos y que ni siquiera arrancó antes de la crisis sanitaria. Y uno de los debates que tenía visos de reabrirse era el de la modificación de la ley electoral para, entre otros puntos, rebajar del 5% al 3% la barrera para obtener representación en las Cortes. Al igual que la Cámara autonómica, la paralización del Congreso de los Diputados ha pospuesto la defensa de la reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución que permita la reintegración del derecho civil valenciano, la cual admitieron a trámite. Pendientes quedaron, del mismo modo, la petición de explicaciones desde la oposición a Ximo Puig por las ayudas a los medios de comunicación de su hermano o a Mónica Oltra por la gestión de los centros de menores. Isabel Bonig y Toni Cantó, en las Cortes Valencianas – MIKEL PONCE Partidos Derecha: El PP debía abordar este año el calendario de congresos, empezando por el de la provincia de Valencia, cuya posibilidad de celebración se retomó en marzo. En Ciudadanos, se canceló la Asamblea General, por lo que los cambios en las organizaciones autonómicas -como la designación de Toni Cantó como coordinador- quedaron en el aire. En Vox también debían celebrarse primarias en las provincias. Izquierda: El Bloc (partido mayoritario dentro de Compromís) pospuso su congreso nacional sin fecha y tampoco la hay para el de Podemos, que tiene que elegir nuevo líder en la Comunidad Valenciana.
FUENTE DIARIO ABC: