Hace ya unas semanas el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, mantuvo una conversación con el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la que le anticipó que el ingreso mínimo vital tardaría
más de tres meses en poder articularse. Esgrimía razones políticas, ya que se necesitaba pactar con PNV y ERC. Pero también técnicas. Se trata de una medida que requiere de una elaboración cuidada sin olvidar que en muchas regiones existen ya rentas mínimas de inserción. El vicepresidente, aseguran fuentes gubernamentales, aceptó ese retraso. Pero decidió tomar las riendas para plantear una alternativa. El pulso de Iglesias por monopolizar la gestión social de la crisis se hizo evidente cuando, en plena Semana Santa, el círculo del vicepresidente comenzó a trasladar la idea de que ingreso mínimo vital «puente» iba a estar listo de manera inminente. Se trataba, decían, de una respuesta urgente, de mínimo 500 euros mensuales, y que protegería a los más vulnerables ante en duro envite de la pandemia. Es entonces cuando se producen dos reuniones en las que participan él mismo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el propio Escrivá. Fueron reuniones con sindicatos y organizaciones como Oxfam, Caritas, Cermi o Facua. La vicepresidencia de Iglesias emitió un comunicado que no replicó, como si hace en otras ocasiones, la secretaría de Estado de Comunicación, en el que se hablaba de la necesidad de lanzar esa medida. Y se aseguraba que Iglesias había «intercambiado documentos» al respecto con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. Los empresarios trataron la jugada de «manipulación interesada» y anunciaron la ruptura del diálogo con el Ejecutivo. En principio se retomará el jueves, pero con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ganando peso como interlocutora. En Unidas Podemos se señala a Calviño y a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno María Jesús Montero. El núcleo duro del Gobierno ha cerrado la puerta a esa iniciativa. Y ha recuperado para la causa al ministro Escrivá, cuestión que ha desconcertado en los ministerios morados. Observan un cambio de actitud en él respecto a la sintonía mostrada con Iglesias al principio de esta crisis. Algo que atribuyen a presiones del sector económico pero también del núcleo duro del Gobierno. La coalición vuelve a partirse en dos partidos. Esta crisis ha roto el entendimiento de las primeras semanas. Y en esa coyuntura de división partidista, el ministro Escrivá, por su carácter tecnocrático, es un cuerpo extraño. Pero en este trance parece alinearse con el núcleo socialista. Desde la vicepresidencia de Iglesias constatan que inicialmente no estaba en contra de esa propuesta «puente». Montero fue ayer contundente en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Hasta en dos ocasiones señaló al ministerio de Seguridad Social como el «competente» en esta materia. Y cerró la puerta al formato demandado por Iglesias. «Medidas como la del ingreso mínimo vital no se pueden improvisar ni diseñar de un momento para otro. Son prestaciones que han venido para quedarse», despachó ayer Montero. Bandera del PSOE Constatado el rechazo en público y en privado a este plan, desde la vicepresidencia de Iglesias aseguran que no dan la batalla por perdida. El líder de Unidas Podemos tiene la intención de volver a abrir el debate en el Consejo de Ministros. Y quiere discutir la cuestión con Nadia Calviño y con el propio Pedro Sánchez. Desde la vicepresidencia de Iglesias justifican que se haría desde sus competencias como una prestación social para casos de emergencia económica, y no como una prestación a la Seguridad Social. Pero esa puerta insiste en cerrarse desde La Moncloa. Para el entorno de Sánchez el ingreso mínimo vital era la gran medida de esta legislatura. «Es nuestra Ley de Dependencia», expresa un colaborador del presidente. No van a renunciar al liderazgo de esta iniciativa. Desde el ministerio de Seguridad Social explican que la prestación será de carácter permanente, compatible con otras rentas que actualmente conceden algunas autonomías y probablemente también con las del trabajo, para no desincentivar la entrada al mercado laboral de quienes la perciban. Aunque los planes originales orientaban la prestación especialmente a las familias con menores a cargo, el paso del Covid-19 por nuestra economía ha hecho que el ministerio esté trabajando en reajustar los itinerarios de la ayuda para que así pueda llegar a nuevos colectivos en riesgo por la pandemia. Los planes pasan por que pueda estar lista en unos tres meses. Es el segundo pulso que Sánchez aguanta recientemente a Iglesias. Porque los ministros de Unidas Podemos están en contra del fin de la hibernación económica. En público evitaron reproches, pero en privado atribuyen la decisión a las presiones del poder económico sobre los ministerios de Economía, Hacienda o Industria.
FUENTE DIARIO ABC: