Son dos los call center en la Ciudad y un tercero que funciona de forma remota, los que reciben durante las 24 horas las denuncias telefónicas a la línea 147, dedicada a recoger
supuestos quebrantamientos de la cuarentena obligatoria. Desde su inicio, hace un mes, se realizaron más de 15.400 denuncias, y esta semana se hicieron más de 200 por la no utilización de tapabocas.
El 16 de marzo, días previos al inicio de la cuarentena en todo el país el Gobierno de la Ciudad puso en funcionamiento de la Línea 147. Allí, distribuidos en dos oficinas -una ubicada en el barrio de Once y otra en la Boca- 400 operadoras se distribuyen en turnos de seis horas por día.
Los primeros cuatro días, las denuncias superaban las 1.100 por día. Ese número tuvo un marcado descenso cuando la cuarentena ingresó en su segunda fase. Entonces, las llamadas diarias comenzaron a ser de 500 diarias, en algún momento hubo un pico de 823 denuncias a la línea 147, pero aquel número comenzó a aplanarse: entre el 26 y 31 de marzo, los llamados pasaron de 447 a 212. Pero la semana pasada el número volvió a ascender.
“Vemos una relajación y más gente en la calle“, sostuvo en el inicio de la semana el jefe del gobierno de la Ciudad, Horacio Larreta. El aislamiento social, preventivo y obligatorio tiene fecha hasta el 27 de abril, pero ya se sabe que la Casa Rosada analiza una nueva prolongación.
Los últimos seis días la cifra de llamadas casi se duplicó, y volvieron a superar las 320 por día.
Pero ahora las denuncias incluyen un dato nuevo: la falta del obligatorio tapabocas entre quienes circulan por Buenos Aires. Desde el 15 de abril a la fecha se acumularon 221 denuncias por dicho incumplimiento, y 21 de ellas por vecinos que circulaban en transporte público.
En esta línea de denuncias telefónicas, que depende de la Oficina de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, se tratan los casos que competen al fuero de CABA, y se estableció una única Fiscalía para tratar estos casos, con personal de la Policía de la Ciudad que sale a la calle a tomar medidas preventivas para “que la gente que incumpla no lo siga haciendo”, explicaron a Clarín fuentes oficiales.
El procedimiento es el siguiente: La línea 147 toma los llamados, los remite a la Subsecretaría de Justicia del GCBA y esta última interactúa con el Poder Judicial de la Nación (Procuración General de Nación), enviándole aquellas denuncias que, por los datos suministrados, permiten iniciar la investigación.
La Procuración General de la Nación entonces comienza una investigación preliminar pidiendo informes a la Dirección General de Migraciones para recabar, en caso de existir, los eventuales movimientos migratorios de los presuntos infractores. (tanto extranjeros en el país, como argentinos que volvieron del exterior).
Si en esta etapa se verifica un movimiento migratorio sospechoso (entrada o salida al país en las fechas próximas a la declaración de la emergencia), la Procuración le solicita al gobierno de la Ciudad que realice una constatación en el domicilio del presunto infractor. Si lo encuentra en su domicilio, le hace saber que debe cumplir con la cuarentena, y las posibles consecuencias penales de su incumple. Si se corrobora el incumplimiento de la cuarentena, se hace la denuncia correspondiente a la Justicia Federal por la posible comisión de los delitos contra la salud pública.
El artículo 205 del actual Código Penal establece que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.
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