La segunda jornada de negociación entre los internos en el complejo Federal de Devoto y las autoridades del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tuvo ausencias de peso. El secretario de
Justicia Juan Martín Mena, que responde directamente a Cristina Kirchner no fue de la partida. Tampoco estuvo el juez federal de Casación Penal Gustavo Hornos, ni el procurador penitenciario Ariel Cejas Meliare. “Fueron quienes les habían hecho las promesas y se borraron”, señalaron fuentes vinculadas a las conversaciones entre los reclusos y los funcionarios.
A los referentes de los pabellones no se les pasó por alta su ausencia. Tampoco las aclaraciones del presidente Alberto Fernández que este miércoles rechazó la existencia de un plan para liberar presos, ni mucho menos las de este mismo jueves, a cargo de la ministra de Justicia Marcela Losardo. “A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al Presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”, dijo la ministra y jefa de Mena, en los papeles.
El ministro de Justicia bonaerense Julio Alak, se había expedido en la misma dirección. “Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos”, expuso. Desde que empezó la pandemia, cerca de 1400 presos del sistema penintenciario bonaerense accedieron a prisión domiciliaria. Del Federal, cerca 340.
Con ese contexto y con las críticas de la oposición, pidieron explícitamente por el ex número 2 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y virtual viceministro de Justicia. Escucharon con atención el juez y presidente de Casación Penal, Daniel Morín, Emilio Blanco, director del Servicio Penintenciario Federal, el subsecretario de Política Criminal Pablo Barbuto, el único enviado de la Cartera de Losardo.
Uno de los puntos del acta que refleja la extensa reunión entre los referentes de los pabellones de la cárcel y los funcionarios es precisamente que Mena regrese a la mesa de negociación como “interlocutor ministerial”. “Solicitan restablecer los interlocutores que a nivel ministerial (Dr Mena) que integró las mesas de diálogo los días 24 y 25 por el fundamental rol que desempeñó en dicho diálogo”, señala el primer punto del acta, en la que también expone el pedido de los internos para que se convoque a los jueces de ejecución penal. Se convino, además, que ningún preso será trasladado durante las negociaciones y el Servicio Penitenciario se comprometió a acelerar los informes sobre la conducta de los presos.
Blanco puso en conocimiento el resultado de la primera reunión: 805 informes de condenados a menos de 3 años y la puesta en marcha del trabajo en 405 casos, que podrían acceder a la libertad asistida y condicional; además de los 1.280 internos que forman parte de grupos de riesgo del coronavirus. Esa negociación en marcha le dio aire a los presos para alargar la vigencia de las conversaciones por unos días más.
La ausencia de Mena coincidió con la decisión del Ejecutivo de silenciar la discusión interna y de enfatizar el hecho de que las liberaciones dependen exclusivamente del Poder Judicial. “Fueron probando diferentes cosas. Están jugando el partido afuera de la cancha”, se quejaban en el Gobierno.
Marcela Losardo. La ministra de Justicia fue categórica.
En el Ejecutivo no creen en las casualidades. Insisten en que hay un plan orquestado para erosionar al Gobierno. En Olivos creen que los medios, sectores económicos y políticos buscan horadarlo. Generaron malhumor las declaraciones del actor y militante antikirchnerista Alfredo Casero. “Yo no puedo entender que un Presidente libere la cantidad de presos que liberó”, señaló el actor en declaraciones a TN. “Esas declaraciones son mentirosas y luego fueron ampliadas por distintos medios; hay que tener más responsabilidad en este contexto”, señalaron funcionarios que no disimulaban su indignación, un rato antes del cacerolazo de protesta que se hizo sentir fuerte en la Capital Federal, el conurbano bonaerense y otras ciudades del país.
En ese marco, de motu proprio, y con una cuarentena y una crisis económica que mina el humor social, el Presidente decidió tuitear su posición al respecto. La palabra de la máxima autoridad ejecutiva del país no logró ahuyentar el nivel de conversación en las redes sociales. Entre las principales tendencias, se repitió que el Gobierno autorizaba la salida de violadores y la convocatoria al cacerolazo contra la impunidad y en contra de las “liberaciones”, que se escuchó este jueves en muchos barrios de la Capital.
En el Gobierno tampoco hacen caso a las internas que reflotó esta pelea dentro del oficialismo. Ni a los cruces que van desde Eugenio Zaffaroni a Sergio Berni; ni a la posición dura de Sergio Massa. A pesar de la crisis y de la emergencia penitenciaria que declaró Mauricio Macri en 2019, no hay un responsable del primer escalafón político sobre las cárceles; Losardo todavía no nombró a su subsecretario de Políticas Penintenciaria. Algunos recuerdan que para ese puesto había pensado en Blanco (Cristina Kirchner) pero que fue Mena quien bochó al director del SPF nombrado en 2014.
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