Este jueves, los sindicatos de los funcionarios y letrados de Justicia se reunieron, una vez más, con el Ministerio del ramo para garantizar su protección en la vuelta a los juzgados. Mientras,
en Madrid, las críticas del colectivo ante la actuación de la Consejería de Justicia durante la pandemia del Covid-19 han sido acalladas. Un informe de Inspección de Trabajo, al que ha tenido acceso ABC, reconoce que «no ha existido inactividad antijurídica» por parte del Gobierno madrileño. De hecho, como respalda el documento, el Ejecutivo puso en marcha diferentes medidas —organizativas, colectivas e individuales— de protección laboral antes, incluso, del decreto del estado de alarma, el pasado 14 de marzo. La última de estas acciones, la semana pasada, fue la entrega de 10.000 pantallas individuales de protección para los 9.500 jueces, fiscales, letrados, funcionarios y personal laboral de la administración de Justicia madrileña. Un material, homologado y con una durabilidad de un año, que ha sido comprado al Ministerio de Trabajo por 36.000 euros y que se suma al resto de equipos de protección adquiridos en las últimas semanas por la Comunidad de Madrid. El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, fue el encargado de dar las pantallas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez; al fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klink; y a José Palazuelos, letrado de la administración de Justicia y secretario de la Sala de Gobierno del TSJM. Desde el inicio de la crisis, la Consejería de Justicia asegura haber «priorizado la seguridad» de sus empleados y de los ciudadanos que requerían de ese servicio público. La Administración redujo «al máximo» la presencia de trabajadores en las sedes judiciales, restringió el acceso a las mismas, prohibió la visita de público a los juicios y espacios administrativos de los 21 partidos judiciales e instaló 400 dispensadores de gel desinfectante en cada una de las 70 sedes judiciales de la región. Además, la Dirección General de Infraestructuras Judiciales ya ha instalado 170 de las 260 mamparas que separarán los puestos de trabajo de los funcionarios, en las que se han invertido 120.000 euros. A ello se suman otros 200.000 euros en un contrato de servicios para la desinfección de las instalaciones judiciales. En línea con el plan de desescalada, según los porcentajes pensados por el Ministerio de Trabajo, en la fase 0 o «de preparación» se prevé que acuda a los juzgados un 10 por ciento de la plantilla, e irá aumentando progresivamente. Solo se llegará al 100 por cien de la plantilla en la fase 3 o fase «avanzada».
FUENTE DIARIO ABC: