El Partido Popular ha reclamado a la Generalitat Valenciana los contratos suscritos para la construcción de tres hospitales de campaña que, conforme avanzó este viernes ABC, supusieron un coste para las arcas
públicas de 8,6 millones de euros y fueron adjudicados a una empresa, Ingeniería y Desarrollos de Alta Tecnología (IDAT), constituida el pasado 11 de febrero con un capital social de 3.000 euros. La presidenta del PP valenciano y jefa de la oposición, Isabel Bonig, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, «información y transparencia» respecto a unos hospitales de campaña que acumularon sucesivos retrasos en su puesta en marcha y presentaron deficiencias en su ejecución. De hecho, aunque se construyeron para reforzar la asistencia sanitaria ante la pandemia del coronavirus no han llegado a albergar pacientes ingresados y su uso se ha limitado a la práctica de test rápidos del Covid-19. Por ello, los populares entienden que «Puig tiene que dar explicaciones sobre los hospitales de campaña ante las numerosas dudas y preguntas que surgen sobre su adjudicación y construcción». Bonig explicó ayer a este periódico que pedirá la apertura de las Cortes Valencianas para que la Generalitat dé cuenta de los expedientes de contratación de IDAT. Una empresa con poco más de dos meses de existencia y sede en Zaragoza. Los populares indicen en que la fórmula de los hospitales de campaña no se ha empleado en ninguna otra autonomía: «Desde el primer momento no nos gustó la filosofía y dudamos de su eficacia cuando había otras alternativas como Feria Valencia o la colaboración con el sector privado para derivar pacientes». Informe de la Abogacía del Estado Respecto a la contratación de IDAT, el PP recuerda que un informe de la Abogacía del Estado obliga a las Administraciones a recurrir a «empresas con solvencia económica y técnica» aunque se emplee el procedimiento de contratación urgente, exento de concurso público. En esa línea, el portavoz de Interior del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, José Antonio Rovira, ya ha tramitado la petición para que Gabriela Bravo, responsable de la Conselleria que formalizó el expediente, aporte a la oposición el contrato de los hospitales de campaña y así conocer el coste final de estas instalaciones, «pues se ha ido modificando el proyecto. Queremos tener acceso al contrato original, sus posibles modificaciones y los otros gastos en que se han incurrido para su instalación y montaje por personal de Tragasa y otros». Alternativa «ineficaz» El PP denuncia que la alternativa de los hospitales de campaña auspiciada por la Generalitat «ha resultado ineficaz, ha tardado el triple de tiempo de lo anunciado por Puig inicialmente, es excesivamente cara y sigue presentando deficiencias porque todavía no hay baños adaptados». El portavoz popular lamentó que «son las instalaciones más caras y grandes del mundo solo para realizar test de coronavirus, su último uso futuro anunciado». Al respecto, la consejera de Sanidad, Ana Barceló, explicó ayer que los hospitales de campaña permanecerán abiertos hasta diciembre y se emplearán, si se llega a dar el caso, para albergar a pacientes de Covid-19 con síntomas leves o moderados que no pueden garantizar su aislamiento en sus domicilios». En ese sentido, y ante el hecho de que los hospitales de campaña cuentan con menos camas de las anunciadas inicialmente por la Generalitat y no dispone espacios de UCI, el PP reclamará también los modificados de obra. Según Bonig, «si finalmente hay quinientas camas frente a las 1.100 anunciadas, lo lógico es que la obra cueste menos». La presidenta del PP cuestionó, además, el tipo de infraestructura escogida: «Unas carpas con lonas difícilmente pueden servir en verano cuando suban las temperaturas o en otoño si se produce una gota fría». Por su parte, la portavoz de Sanidad del grupo socialista en las Cortes Valencianas, Carmen Martínez, replicó que el Gobierno de Ximo Puig ha actuado con «total transparencia» y defendió que la empresa escogida es «un referente en el sector», pese a no contar ni con tres meses de vida. La Generalitat eligió a una sociedad controlada por dos microempresas que suman once empleados, 9.000 euros de capital social y 240.000 en pérdidas Los socialistas defendieron también ayer que la inversión no se perderá al tratarse de instalaciones «reutilizables disponibles para cualquier otra circunstancia de emergencia».
FUENTE DIARIO ABC: