El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado el pase a procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento en las causas con sumario, del
comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, su mujer, Gemma Alcalá; su socio Rafael Redondo y otras once personas y una empresa por el espionaje perpetrado a un bufete de abogados. Se trata de la pieza separada número 2 de la macrocausa Tándem, que ya acumula más de una veintena de líneas de investigación. Se centra en el denominado proyecto «Iron» por el que la empresa del comisario, Grupo Cenyt, fue contratada por el despacho de abogados Herrero&Asociados para averiguar si unos socios que habían fundado otro bufete, Balder Ip, les habían robado bases de datos con las que sustraerles asimismo a los clientes. Sin embargo, según el auto, al que ha tenido acceso ABC, «los indicios existentes y obrantes en las actuaciones han permitido corroborar que la actividad contratada iba mucho más allá de un mero contrato de prestación de servicios de detectives». En concreto, se da por constatado que Villarejo y Redondo ofrecieron a sus clientes de Herrero&Asociados «un servicio dirigido a solventar una ‘Situación de Crisis’, que incluía la obtención, de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado -tráficos de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc.-relativos a su competidor». Dádivas a funcionarios públicos En el contexto de la obtención de esos datos, para los que «se habrían abonado dádivas a funcionarios públicos», el juez acuerda el procesamiento del que fuera jefe de la Unidad Central Operativa de la Policía Nacional, el también comisario Enrique García Castaño; y a dos de sus subordinados: el inspector Jefe de la Sección de Relaciones Institucionales de la UCAO, Constancio Riaño y el subinspector de la misma unidad Javier Fernández. Asimismo, ordena que siga el procedimiento contra el funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria Antonio Chaparro Luque. Sin embargo, dicta el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra tres policías -Manuel Novoa, José María Serrano y Juan José Díez Álvarez- imputados por este tráfico de información al entender, en línea con la posición de la Fiscalía adelantada por ABC, que accedieron a esa información por orden de sus superiores en la UCAO en el ejercicio de sus funciones policiales y «no consta suficientemente justificado que recibieran dádivas por ello, o que conocieran la finalidad ilícita pretendida con dicho acceso». En el mismo sentido se pronuncia el instructor sobre César Bilbao, un empleado de los servicios jurídicos del BBVA que venía siendo investigado. «Habría facilitado datos bancarios de carácter reservado tras solicitud cursada oficialmente desde la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía, sin que existan suficientes elementos para sostener que lo hiciera a cambio de dádiva o conociendo el carácter ilícito del motivo de la solicitud de dicha información», concluye. Hay una persona más para la que se archivan las actuaciones. Se trata de Antonio Serrano, un informático que debía perpetrar un ataque informático sobre el despacho de abogados objeto del encargo de Villarejo. Sin embargo, y aunque formaba parte del proyecto y del precio pactado, no consta que se llegase a acometer, por lo que el juez dicta el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él. Un encargo «a sabiendas» Según expone el auto, Herrero&Asociados, actuando mediante su presidente, Francisco Carpintero; su director General, Andrés Medina; el Financiero, Álvaro Martínez; el responsable de Marcas nacional, Mario Carpintero y su homóloga a nivel internacional, María Ángeles Moreno, habría contratado a Villarejo «a sabiendas de su condición de Comisario en activo del Cuerpo Nacional de Policía». Todos están procesados. El objetivo, que «a través de su entramado societario Grupo CENYT, y prevaliéndose de dicha condición policial, resolviera la situación de crisis empresarial» que estaban viviendo. El precio del encargo se habría fijado en 325.000 euros, más otros 300.000 euros en concepto de prima de éxito. Finalmente, el despacho de abogados abonó «un total de 302.500 euros entre los meses de agosto y septiembre del año 2013 de forma opaca, a través de facturas creadas ex profeso para simular la legalidad de dichos pagos bajo la apariencia de unos servicios ficticios», tal y como detalla la resolución judicial. El proyecto tenía el objetivo de armar una denuncia contra Balder IP que Villarejo movería en la policía aprovechando su influencia para conseguir detenciones y escarnio en los medios de comunicación. La denuncia fue finalmente presentada y sin detenciones, los afectados estuvieron imputados y prestaron declaración. Finalmente, se archivó. En en el desarrollo esos «servicios de inteligencia, de análisis de información, de asesoramiento y de intoxicación informativa», como definía Villarejo al proyecto «Iron», participaron «activamente» de parte de su empresa, el Grupo Cenyt, «integrantes de la organización criminal que dirigía». Cita además de a su mujer y a Redondo, al letrado David Macías y el policía que en servicios especiales colaboraba desde su propia empresa Antonio Bonilla. Todos procesados en esta pieza separada de la causa. “Iron” es una de las dos piezas para las que Fiscalía Anticorrupción ha instado el fin de las pesquisas. Se trata de la segunda línea de investigación que se abrió en Tándem y aunque los plazos se dilatarán porque contra el auto cabe recurso, puede ser la primera para la que los fiscales del caso presenten acusación contra Villarejo, que lleva desde noviembre de 2017 en prisión provisional.
FUENTE DIARIO ABC: