La consejera de Justicia del Gobierno valenciano, Gabriela Bravo, defendió ayer los contratos de los tres hospitales de campaña levantados en las tres provincias (Castellón, Valencia y Alicante) para combatir el coronavirus.
Como publicó ABC, la Generalitat presidida por Ximo Puig prometió que estarían preparados en un mes pero firmó un plazo de ejecución de cuatro meses y, además, adelantó 2,4 millones de euros a la empresa adjudicataria, recién creada con 3.000 euros. Bravo, que ostenta el grueso de competencias de Emergencias -y, por lo tanto, es la firmante de los contratos-, explicó que la construcción de estos espacios se decidió en marzo con el objetivo de reforzar al sistema de salud ante un posible colapso. Ninguno de ellos ha albergado pacientes por el momento debido a que la presión asistencial en el territorio no llegó a un punto crítico. Pero la titular de Justicia remarcó que resultarán clave para cumplir con los requisitos exigidos por el Gobierno central de cara a pasar a la fase 1 de la desescalada al tratarse de recursos disponibles ante un posible repunte de la pandemia. No aclara los tiempos Pese a la insistencia de la oposición en el embrollo de los plazos tanto en las declaraciones públicas como en los documentos publicados por la propia Generalitat en la Plataforma de Contratación, no ofreció ninguna justificación. Como ha venido informando este periódico, Puig dijo el 19 de marzo que estarían listos en 15 días. 24 horas después, Bravo matizó que la mitad de las camas estarían en 15 días y la totalidad en un mes. Sin embargo, el contrato fue firmado con un plazo de ejecución de cuatro meses, pese a que en la primera adjudicación que se colgó figuraba un mes (al igual que la promesa política) y se rectificó. «Treinta días después del anuncio, los tres centros modulares eran tres realidades. Entre todos tienen una capacidad de 1.100 camas, que están compradas y preparadas», indicó ayer la consejera, si bien se han instalado por el momento alrededor de 800 (según cuantificó) y hasta la semana pasada faltaban por terminar parte de los baños normales y todos los adaptados a personas en silla de ruedas. El coste total de la instalación ha sido de 7 millones de euros, tal como expuso Bravo: 4,8 millones de levantar las carpas y 2,2 millones de la adecuación de los terrenos, trabajos estos últimos encargados a la empresa pública Tragsa. Niega irregularidades A lo largo de sus alocuciones, la titular de Justicia realizó una encendida defensa de la empresa IDAT S.L., la adjudicataria tanto de la instalación de los hospitales (4,8 millones) como del equipamiento médico interior (3,5 millones) y de un tercer contrato de compra de material de 431.000 euros que acabó siendo cancelado al no poder ser suministrado (todo lo cual asciende a casi 9 millones de euros). «Las dos empresas por las que está formada han trabajado para organismos internacionales y para ministerios de defensa de distintos países. En noviembre constituyeron una nueva para garantizar un servicio mucho más multidisciplinar. Si hubieran concurrido cumplirían con todos los requisitos para poder presentar una oferta», indicó. A continuación, apuntó a «informaciones falsas» de medios de comunicación -referentes a las de ABC- porque la constitución de IDAT fue en noviembre y no en febrero. Este periódico sí lo publicó el pasado viernes, detallando que el inicio de actividad se había declarado en noviembre, aunque no fue hasta febrero cuando IDAT depositó el capital social mínimo, los citados 3.000 euros, y quedó constituida. Detrás de ella se encuentra Hispano Vema, socia al 50 por ciento con otra firma, Bellcomm S.L. Bravo negó ayer que fomentaran la creación de ninguna empresa «ad hoc» ni que hayan actuado para embolsarse «unos cuantos euros» como, dijo, el PP con los hospitales de Haití. La titular de Justicia destacó asimismo que el adelanto por parte de la Generalitat de 2,4 millones de euros del total de 4,8 (el 50%) antes de poner el primer poste «no conlleva ninguna irregularidad» porque está contemplado por la ley y que el expediente cuenta con la firma del interventor.
FUENTE DIARIO ABC: