Ciudadanos dejó ayer en el aire la posición que mantendrá hoy durante el debate del real decreto ley de Justicia para afrontar las consecuencias del Covid-19 en esta administración. El portavoz de
la formación naranja en la Cámara Baja, Edmundo Bal, ha criticado el texto con dureza en las últimas semanas, llegando a afirmar que no sucedería «nada» si fuera derogado, y exigiendo al Gobierno su tramitación como proyecto de ley por la vía de urgencia para permitir la negociación con los grupos. La nueva interlocución establecida entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha abierto esa vía a la negociación, de manera que la formación naranja abría ayer la puerta a suavizar su postura si el Gobierno accede a tramitar el texto como proyecto de ley.El texto será debatido hoy en el pleno sin que el Gobierno tenga asegurada su convalidación Una demanda que también ve con buenos ojos el PNV. El grupo vasco adelantó ayer su voto a favor de la convalidación, pero expresó su rechazo a la habilitación judicial de agosto y confió en que el Ejecutivo acceda a subsanar este planteamiento. Más allá del PNV, solo anticiparon su voto el PP, Junts y la CUP. Y los tres para anunciar su rechazo a la convalidación del decreto. La mayoría de los grupos coincidió con Cs en guardar silencio sobre la posición que mantendrá hoy en el debate, incluyendo socios del Gobierno como ERC y EH Bildu subrayaban que decidirán su voto en la mañana de hoy. Aunque el texto llega al pleno sin una mayoría parlamentaria asegurada, los socialistas confían en sacar adelante su convalidación ahora, aunque luego se tramite como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. En este sentido, destacan el esfuerzo negociador realizado por el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha discutido el decreto con las comunidades autónomas. El texto establece el camino para que los juzgados y tribunales recuperen la normalidad de forma gradual y digieran el atasco acumulado por la paralización de la actividad como consecuencia de la pandemia. El aspecto más polémico pasa por la interpretación que ha hecho la Fiscalía sobre los plazos de instrucción, que volverían a empezar. Esto implica que si la Ley contempla 18 meses parta investigar una causa compleja, este plazo empieza a contar cuando se recupere la normalidad. Es decir, alargar la investigación de las macrocausas, entre otras. Nueva conversación La postura de Cs, como sucedió la semana pasada en la prórroga del estado de alarma, es clave. Ayer, fruto del acuerdo alcanzado para el «sí» de Cs a la cuarta prolongación de esa medida excepcional, Sánchez y Arrimadas mantuvieron una conversación «cordial» sobre la evolución del Covid-19. La presidenta de Cs advirtió en Twitter por la tarde de que su partido estará vigilante de las actuaciones del Gobierno, y de que Sánchez deberá informar (y negociar) previamente a Cs de cada medida si quiere su respaldo. Incluida, señalan fuentes de Cs, la mayor duración de una nueva prórroga del estado de alarma; algo de lo que no hablaron Sánchez y Arrimadas. Por ahora, coinciden en la «necesidad» de mantener contactos periódicos. Y tanto el Ejecutivo como Cs defienden ya la posibilidad de pactar unos «presupuestos de emergencia».
FUENTE DIARIO ABC: