Esta misma semana, el Consejo Asesor de Salud de la Generalitat ponía el foco en su útimo informe en las residencias: por un lado, denunciaba el trato «inhumano» dispensado a los residentes
que morían sin poder despedirse de sus familiares, tal y como pasó en las primeras semanas de la pandemia. Por otro, acusaba a la administración de falta de previsión, una realidad que se ha reflejado en las dramática cifras de los centros geriátricos: 12.585 infectados, 35.256 sospechosos y 3.327 personas fallecidas, según los últimos datos conocidos, de 11 de mayo. Junto al de las residencias sin medios, igualmente dramático ha sido el de los centros geriátricos cuyos equipos gestores, por falta de profesionalidad, recursos, o directamente abandono, no se han hecho cargo de los residentes y han obligado a la Generalitat a asumir su gestión. El último caso conocido es el de la residencia Mossèn Vidal i Aunós de Barcelona, cuya gestión se ha encargado a la Fundació Vella Terra. Según datos ofrecidos ayer por la Consejería de Salud -que asumió la gestión de estos centros durante la crisis ante el descontrol incial bajo la tutela de la consejería de Asuntos Social- esta es la residencia número once que la Generalitat ha intervenido. En concreto, la residencia Vidal i Aunós se encuentra a un 52,6% de ocupación, ya que una parte importante de sus residentes fueron derivados a centros hospitalarios y a otros recursos. Ante el inminente retorno de los pacientes hospitalitzados al centro y antela falta de recursos por parte de la entidad gestora actual para atender este nuevo volumen de personas, sobre todo por lo que respecta a la falta de trabajadores, se ha decidido la intervención. La noticia se conocía ayer, el mismo día en el que se confirmaba que el pleno del Parlament del próximo día 21 votará la propuesta de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre la gestión de las residencias, y muy probablemente será aprobada porque cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos. Esta comisión ha sido promovida por la CUP, pero ya cuenta con el apoyo de Ciudadanos (Cs), PSC, los Comunes y el PP, por lo que con toda probabilidad será aprobada aunque los grupos del Govern -JpC y ERC- no la secunden cuando sea sometida a votación. Ayer, por otra parte, y con respecto a las residencias, la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, aseguró que se han hecho pruebas de detección del coronavirus en el 91,38% de las residencias catalanas, tanto a residentes como a trabajadores de los centros. Se han realizado 66.971 pruebas de diagnóstico a usuarios de centros residenciales y 4.274 pruebas a profesionales, y esta semana habrán testado «al 100% de las residencias». Sobre la reubicación de los usuarios de los centros, Vergés apuntó que 1.603 han sido trasladados a otros centros, 713 han vuelto a casas de familiares y 1.071 se han reubicado en los nuevos espacios que ha impulsado el Govern. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas al menos 140 investigaciones penales por la situación creada en las residencias por la crisis, 24 de ellas en Cataluña.
FUENTE DIARIO ABC: