El plan de Casado para «activar España»

Mientras Pedro Sánchez e Inés Arrimadas mantenían ayer una nueva conversación, Pablo Casado no esperaba ya ninguna llamada del presidente del Gobierno. Después de una semana de máxima tensión entre La Moncloa

y Génova, este lunes pasado la vicepresidenta Carmen Calvo telefoneó al líder del PP, y este aprovechó para explicarle su alternativa al estado de alarma, que pasa por la aplicación de leyes ordinarias. Ayer, Casado compareció ante los medios de comunicación para exponer su «plan B» frente a la actuación del Gobierno en esta crisis. Los populares defienden un programa alternativo de desescalada, un pacto de Estado por la Sanidad en la Comisión parlamentaria de reconstrucción y medidas de choque para evitar el rescate del país. Desde el principio de la crisis del coronavirus, los populares han lamentado el «ninguneo» constante de Sánchez a Casado, quien se ha enterado siempre de las principales medidas por la televisión. A estas alturas, en Génova no esperan que Sánchez cambie, pero sí recuerdan que al presidente no le sobran los apoyos parlamentarios «como para actuar con esa arrogancia». La postura del PP se ha ido modulando según han pasado las semanas en esta crisis del coronavirus. Apoyó al Gobierno para poner en marcha el estado de alarma y en las tres primeras prórrogas, pero rechazó unas medidas económicas que consideró ineficaces e insuficientes. La ruptura se consumó del todo la semana pasada, cuando los populares se abstuvieron en el debate de la cuarta prórroga. Hoy tampoco apoyarán el decreto-ley con medidas sobre la Justicia. Límites sobrepasados Ayer, en una comparecencia de dos horas, y acompañado de Elvira Rodríguez, Ana Pastor y Enrique López, Casado confirmó que si el Gobierno plantea una quinta prórroga, el voto del Grupo Popular será un «no» rotundo. En realidad lo avisó hace una semana, pero en los últimos días se ha reafirmado ante una medida «excesiva» que desborda ya los límites constitucionales. «No podemos seguir en una excepcionalidad constitucional perpetua, con un Gobierno que lo está utilizando contra las libertades de los españoles. El confinamiento no puede ser eterno», advirtió. Frente a las actuaciones de Sánchez, Casado tiene su «plan B», que pasa por poner fin cuanto antes a ese estado de alarma, sustituir la «caótica y partidista» desescalada diseñada en La Moncloa por otra pactada y aprobar medidas urgentes que eviten el rescate de España y activen la economía. La alternativa del PP contiene medidas sanitarias, económicas y jurídicas. Estas son las principales propuestas: I SANITARIO 1. Uso obligatorio de mascarillas en la calle y recomendado para mayores de 65 años en espacios cerrados, cuando se encuentren con personas con las que no convivan. 2. Test masivos a la población, mapa de seroprevalencia y prueba a todos los profesionales sanitarios y de residencias de ancianos, y rastreo rápido de los contactos de las personas contagiadas. 3. Pacto de Estado «Cajal» por la Sanidad, en honor al Premio Nobel de Medicina, para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y de cuidados de mayores con el fin de potenciar la investigación y la industria nacional sanitaria. 4. Puesta en marcha de la denominada «huella digital» con un pasaporte epidemiológico y de una aplicación con código QR para que las personas que han pasado la enfermedad puedan tener libertad de movimientos y los contagiados avisen automáticamente a sus contactos. 5. Prevenir y adaptar el sistema para futuras pandemias, reforzando la atención primaria y la atención telefónica, telemática y domiciliaria, además de establecer corredores hospitalarios seguros frente a infecciones. 6. Previsión de un depósito de material de protección centralizado. 7. Creación de un pool nacional de personal especializado que pueda ser desplazado a las distintas Comunidades Autónomas para atender las demandas de la pandemia. 8. Constituir una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial que incluya una unidad de seguimiento de pandemias, con un representante de cada una de las Comunidades Autónomas, bajo mandato de otro de la Administración General del Estado. 9. Garantizar el distanciamiento social por franjas de edad y riesgo de contagio, planteando incluso un desescalamiento de horarios de trabajo y protocolos de seguridad sanitaria para todo tipo de espacios. 10. Publicación inmediata de los expertos en cumplimiento del artículo 11 de la ley general de salud pública 33/2011. II IMPULSO A LA ECONOMÍA 1. Exoneración del pago de impuestos a la apertura o reapertura de empresas provocadas por la crisis del Covid-19 hasta el 31 de diciembre de 2020. 2. Recuperar y extender la tarifa plana de 50 euros para autónomos. 3. Extender hasta el 31 de diciembre el pago de los ERTE, con especial atención a los sectores más afectados por la pandemia (turismo, hostelería, industria y comercio). 4. Contratos bonificados para incorporar al mercado laboral a trabajadores procedentes de despidos como consecuencia del COVID-19. 5. Recuperar la credibilidad económica de nuestro país para evitar el rescate al que ya se resigna el Gobierno. Descartar subidas masivas de impuestos, acotar el gasto superfluo de la enorme estructura burocrática del Ejecutivo y cancelar la subida de sueldo para cargos electos. 6. Recuperar el proyecto de Tarjeta Social que aglutine y centralice con transparencia y responsabilidad en cada ciudadano todas las ayudas de las administraciones locales, autonómicas y nacionales, evitando duplicidades, también con la renta mínima. 7. Mantener la actividad empresarial y el tejido productivo ampliando los mecanismos de liquidez a empresas y autónomos para evitar su cierre. 8. Plan de fiscalidad para hacer atractiva España a la inversión de empresas e industrias extranjeras y de aplazamiento de impuestos a autónomos y empresas sin ingresos por la pandemia. 9. Elaborar una agenda ambiciosa de reformas que agilicen la burocracia y faciliten la inversión, con reformas como la ley de unidad de mercado, la ley de segunda oportunidad y la ley de emprendedores. 10. Adaptar la economía al escenario post COVID-19, potenciando la digitalización, el teletrabajo, la flexibilización horaria y la extensión de las bajas laborales a los colectivos en riesgo y por edad. III JURÍDICO 1. Propuesta de desescalada jurídica para salir de la excepcionalidad constitucional y garantizar derechos y libertades, tal y como recomienda la hoja de ruta común europea para sustituir las medidas excepcionales por la legislación básica (art.6.2.d). 2. Para mantener el mando único sanitario se debe aplicar: La Ley General de Salud Pública (art. 14), la Ley General de Sanidad (art. 26) y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003. 3. Para establecer la limitación de movimientos, se debe aplicar, sobre todo, por ser orgánica, la LO 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (art. 3). Asimismo, la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Además, para coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del conjunto de las administraciones, la Ley de Seguridad Nacional. 4. Si aun así se considera necesario reforzar la cobertura legal de limitación con un decreto de movilidad, se podría amparar en el reglamento sanitario de la OMS (artículos 15 y 18) y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 5), que establecen que no se considera violación del derecho de libertad de desplazamiento las restricciones y limitaciones por razón de pandemias. 5. Si aun así, se quisiera ampliar la cobertura legal a través de una ley orgánica, se podría modificar la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 por vía de urgencia y lectura única en base al artículo 93 del Reglamento del Congreso. Este trámite se puede aprobar en un plazo de 15-20 días.