Cien días después de la tragedia, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze continúan sepultados bajo los escombros del vertedero de Zaldívar, en Vizcaya. La búsqueda de los cuerpos iniciada la misma tarde del
6 de febrero no ha ofrecido todavía resultados, y las familias, reconocen desde su entorno, atraviesan una situación «cada vez más complicada». A la angustia de no saber dónde se hallan los trabajadores se une la sensación de desorden que emana de las propias administraciones públicas, a las que incluso la Comisión Europea (CE) ha llamado la atención por las «graves deficiencias» que se han producido en la gestión de la escombrera. El PP exige ahora una mayor implicación del Gobierno central, hasta la fecha ausente en esta crisis. En sendas proposiciones no de ley firmadas por Cayetana Álvarez de Toledo y suscritas por Beatriz Fanjul, Ana Vázquez y Carlos Rojas, el grupo popular recrimina al Ejecutivo autonómico su rechazo a la colaboración del Ejército, y demanda más mecanismos de cooperación entre administraciones. En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico, sustentado por PNV y PSE, ha relativizado desde el inicio de la crisis su implicación en el derrumbamiento de la escombrera. Una posición que mantiene incluso después de la reprimenda de la Comisión Europea, que según el socialista Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente, no se ha «informado directamente sobre el control administrativo realizado sobre el vertedero». El Gobierno apunta como único responsable a la empresa que gestiona el vertedero, Verter Recycling, que es a su juicio la que debería haber evitado la tragedia. Para la oposición, por el contrario, la actuación del gabinete de Iñigo Urkullu no ha estado a la altura. Los partidos reprochan al Gobierno que sus errores comenzaron nada más producirse el desprendimiento, cuando permitió que operarios de los servicios de emergencia trabajaran en la búsqueda de los desaparecidos y manipularan residuos a pesar de que se sabía que el vertedero trataba materiales peligrosos como el amianto. El caso salpicó directamente a Iñigo Urkullu, quien era ya lendakari cuando, en 2013, se aprobó la resolución que daba permiso a Verter Recycling para almacenar residuos con amianto. La presión de los partidos forzó al presidente vasco a declarar el pasado febrero ante la Diputación Permanente del Parlamento vasco, ya disuelto por el adelanto de las elecciones, donde lamentó los «errores que se hayan podido cometer». El aviso de Bruselas, que esta semana censuró las graves «deficiencias» en el funcionamiento del vertedero, supone un nuevo golpe para la administración vasca en un momento de máxima delicadeza política y social.
FUENTE DIARIO ABC: