Distintos miembros y organismos del Gobierno de Pedro Sánchez han convertido en norma la opacidad mediante el incumplimiento sistemático de las resoluciones de Transparencia. No es ya que se nieguen a facilitar
la información que solicita el ciudadano o periodista, sino que se ha llegado al caso de incumplir las resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). No las han recurrido en los tribunales, por lo que son plenamente ejecutivas. Aun así, no las cumplen. Harto de esta situación, un solicitante de información, a cuyo expediente ha tenido acceso ABC, ha interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra dos ministros: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, después de que estos incumplieran, respectivamente, tres y una resoluciones firmes de Transparencia. La denuncia, presentada el pasado 11 de mayo y sobre la que se tiene que pronunciar el Ministerio Público, encabezado por la exministra de Justicia Dolores Delgado, los acusa de un presunto delito de prevaricación por omisión al negarse a facilitar los cuatro informes, lo que supondría una vulneración de la Ley de Altos Cargos y las disposiciones de Buen Gobierno que como ministros debe cumplir. Los acusa de «incumplimiento reiterado de las obligaciones establecidas en la legislación sobre Transparencia por el Ministerio de Interior y el de Asuntos Exteriores». Los tres «noes» de Marlaska Las resoluciones eran firmes antes de que el pasado 14 de marzo el Gobierno suspendiera los plazos de respuesta a solicitudes de Transparencia mientras dure el estado de alarma. La primera de las resoluciones firmes incumplida por Grande-Marlaska es la 647/2019. El CTBG le ordenó facilitar los informes policiales de la manifestación del Orgullo Gay en la que se culpaba a miembros de Ciudadanos de provocar las agresiones que sufrieron, algo que supuestamente registraron las autoridades policiales en un informe apócrifo filtrado al diario «El País». Marlaska tampoco ha cumplido con la resolución 754/2018 de 18 de marzo de 2019, que le obligaba a justificar las causas por las que se estableció un dispositivo de seguridad durante las 24 horas del día a Pablo Iglesias cuando se trasladó a su casa de Galapagar, antes de entrar en el Gobierno. Otro ocultamiento de Fernando Grande-Marlaska son las razones que le llevaron a condecorar con el ingreso en la Orden del Mérito Policial con distintivo Blanco al comisario jefe de la Comisaría Superior de Coordinación Territorial de los Mossos d’Esquadra, David Boneta Cortina, un hombre afín al separatismo según sus propias manifestaciones públicas. El ministro del Interior lo reconoció con arreglo a una ley que exige «un alto sentido del patriotismo» y «lealtad» a España. De hecho, la resolución 777/2019, de fecha 4 de febrero de 2020, obligaba al ministro a facilitar el «expediente justificativo de la propuesta de concesión, con inclusión de los méritos obtenidos», además de otros detalles relativos a la condecoración como los criterios para su asignación, además de identificar a las personas que aprobaron la entrega de la distinción. Esta es la única que podría estar en plazo de recurso contencioso-administrativo, pero vencidos los días para entregar la información no se ha notificado recurso alguno por parte de Interior. Por su parte, la denuncia contra Arancha González Laya es sobre su negativa a entregar el argumentario remitido a las embajadas españolas con motivo del juicio de procés (resolución firme del CGTB 519/2019), denominado «Democracia y modernidad. Coordinación con Embajadas. Estrategia de comunicación para causa especial ante el Supremo. Argumentario actualizado tras las elecciones generales 2019». Marcaba las directrices por los representantes de España en el exterior respecto a Cataluña y al juicio del procés. El escrito presentado en la Fiscalía señala que la presunta prevaricación se habría cometido «al no realizar las actuaciones a que está obligado y al no cumplir las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, resoluciones ejecutivas, que incumplen sistemáticamente y ni tan siquiera son recurridas ante los tribunales». Antes de acudir a la Fiscalía, el denunciante reclamó ante la Oficina de Conflicto de Intereses, que lo desestimó, cerrándole la vía administrativa. Por otro lado, Pedro Sánchez hace la misma gala de opacidad ante las peticiones de información. Como contó ABC, el presidente del Gobierno se negó a cumplir una resolución del Consejo de Transparencia sobre el uso que había hecho del Falcon y de otros medios de transporte del Estado en la campaña electoral del 28 de abril de 2019, para acudir a actos como candidato del PSOE. En este caso, Sánchez, a diferencia de Marlaska y Laya, usó a la Abogacía del Estado para recurrir la resolución del CGTB en la Audiencia Nacional.
FUENTE DIARIO ABC: