Con el objetivo de hacer un «esfuerzo especial de protección» a los empleados públicos durante la desescalada y su incorporación progresiva al trabajo, la Junta de Castilla y León realizará un estudio
de seroprevalencia a los funcionarios de la Comunidad. La participación será «totalmente voluntaria», según anunció ayer el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, quien indicó que se irá citando a las personas para ir recogiendo las muestras. Las pruebas comenzarán «de inmediato» con quienes hayan «estado en situaciones de mayor exposición» , c omo las personas del ámbito de los Servicios Sociales, el 112 o los agentes medioambientales, que «han realizado múltiples labores» por los municipios de Castilla y León. Después será el turno de los trabajadores que se vayan incorporando progresivamente a la actividad presencial, como el personal docente o de atención al público, y más tarde del resto. El objetivo, dijo el consejero, es «no sólo controlar la salud de los empleados públicos», sino también de todas los ciudadanos que utilizan los servicios del Gobierno autonómico. Enfermeras sociosanitarias Ibáñez indicó también que ya se está comunicando a los funcionarios de la región los planes de desescalada, que prevén la incorporación progresiva a sus puestos de trabajo cuando las circunstancias lo vayan indicando. Durante una rueda de prensa telemática ofrecida junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, el responsable del área de Función Pública aseguró que por el momento no ha sido posible alcanzar el «consenso» necesario para equiparar las condiciones laborales de las enfermeras de las residencias de mayores y las que trabajan en el ámbito sanitario. El consejero reconoció que este no ha sido un «aspecto pacífico», pero abogó por llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para poder llevarlo a a cabo en lugar de que la Junta imponga su criterio de forma «unilateral».
FUENTE DIARIO ABC: