La reducción del 95 por ciento en la base imponible de una donación realizada por una asociación, sea esta declarada de utilidad pública o no, que aprobaron en la ley de acompañamiento
de los presupuestos de la Generalitat para 2020 los grupos que sustentan al Gobierno autonómico en el Parlamento de Cataluña, JpC y ERC, con la abstención de los comunes, podría acabar en el Tribunal Constitucional. El cambio se ajusta como un guante a la asociación que gestiona la llamada caja de solidaridad para ayudar económicamente a los líderes e implicados en el «procés» independentista. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, señaló ayer a ABC que los populares están «estudiando» a través del grupo del PP en el Congreso «llevar al TC esta ley». La norma abre la puerta a una sencilla operación financiera para eludir el pago del impuesto de donaciones, en más de un 95 por ciento, cuando el donante sea una entidad, aunque está asociación no se haya declarado bien de interés público. Por eso, Fernández aseguró, tras la información publicada este miércoles en ABC, que los populares pondrán «en conocimiento de la Agencia Tributaria» el cambio de la ley catalana de donaciones. No es de interés público La modificación legislativa cuenta ya con una opinión letrada al respecto. El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), un tribunal no vinculante que evalúa la legalidad de las normas aprobadas en el Parlamento de Cataluña, advirtió el pasado 17 de abril -a petición de Cs- que la modificación de la ley de sucesiones podría ser inconstitucional al permitir que se beneficien de ella las «asociaciones de régimen general», en lugar de las de interés público, pues «estaría permitiendo que los contribuyentes que reciben donaciones de asociaciones de interés particular también se puedan beneficiar». Al respecto, el diputado autonómico de Cs Nacho Martín Blanco recordó ayer que «la asociación que gestiona la caja de solidaridad de los independentistas no es de interés general, por lo que al pago de las fianzas y las multas que se les están imponiendo se les quiere aplicar un régimen de interés general», denunció que se está vulnerando «el principio de igualdad» y añadió que la Associació de Foment de Caixa de la Solidaritat «se ha creado solo para pagar las fianzas de unos delincuentes». Por su parte, Alícia Romero, portavoz del PSC en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico, puso el acento en que la modificación legislativa «puede generar una ingeniería fiscal que ahorre el pago del impuesto», precisamente, insistió, cuando el gobierno catalán aprobó la subida de los tipos impositivos en la ley de donaciones. Y mostró su extrañeza por la participación de los comunes -que no quisieron hacer declaraciones a este diario- «en este juego».
FUENTE DIARIO ABC: