El calendario judicial se vio alterado por la pandemia del Covdi19 y esto repercutió en los plazos de los grandes juicios que se realizan en Comodoro Py. Los Tribunales analizan cómo
se podrían reanudar las audiencias de los casos que ya estaban siendo juzgados antes de la cuarentena.
El juicio por la Ruta del Dinero K corre la misma suerte que el expediente de la obra pública donde se juzga a Cristina Kirchner por corrupción. No podrá retomarse en medio de la cuarentena porque la Justicia no puede garantizar una conexión potente a internet ni un sistema para realizar las audiencias.
El juicio, que se encontraba en etapa de alegatos, buscó retomar de forma virtual las audiencias. Pero las condiciones técnicas, según la Justicia, aún no están dadas para soportar un juicio con más de 60 personas conectadas. Abogados y querellas pidieron un “sistema que resista sin dificultades, que permita exponer videos, power point”. Hay otra causa que puede correr la misma suerte, el juicio de Oil Combustibles, donde son juzgados Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. “Hay exposiciones durante horas con constante documentación, sería imposible retomar”, dicen en la Justicia.
Como argumento, desde la Justicia dicen que hay muchas variables que atentan contra los juicios virtuales. La cantidad de imputados que deben conectarse, la etapa en la que el proceso se encuentra, si se expone documentación o videos, si todos cuentan con una buena conexión, si todas las partes están de acuerdo y finalmente, si el sistema con el que la Justicia cuenta, resiste durante horas sin dificultades. Más alla de estas cuestiones, lo cierto es que la semana pasada la audiencia de un juicio contra Ricardo Echegaray se pudo realizar a través de Zoom, la aplicación de moda para comunicarse en la pandemia, sin demasiados inconvenientes.
La Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura (responsable de las inversiones y cobertura de gastos de la Justicia), informó a varios Tribunales que, “por el momento nos encontramos en etapa de elaboración de nuevas soluciones. La disponibilidad de recursos habilitados asciende a 122 puertos para todo el país, y requiere la instalación de un cliente y una vpn por cada participante”, se detalló.
Desde el Consejo explicaron que se trata de un sistema dimensionado para “tiempos normales con mayoría de participantes internos y mayormente puntos fijos externos (consulados, salas de audiencias, etc)”, lo que obligó a “trabajar trabajando en modalidades que permitan esta nueva operatoria flexible” pero no se cuenta aún “con fechas ni detalles que pueda comunicar”.
El Congreso logró realizar sesiones de forma virtual, ¿qué impide que la Justicia pueda llevar adelante un juicio de gran envergadura de la misma manera? Los soportes tecnológicos con los que cuenta el Poder Judicial son proporcionados por el Consejo de la Magistratura. Fue éste quien el año pasado declaró la emergencia estructural y tecnológica del sector durante un año.
La idea era contar con un plan de inversiones que logre realizar una puesta en valor, pero el 97% de los fondos se destinan al pago de salarios y la pandemia impactó en las vías de recaudación propia, lo que profundizó la necesidad de salvataje financiero por parte del Tesoro Nacional.
Con este telón de fondo, en la actualidad se lograron algunas mejoras que debían -según los propios jueces-, adoptarse hace mucho tiempo, como la posibilidad de hacer las resoluciones con la firma digital habilitada. Algo que ocurrió varias semanas después del inicio de la cuarentena. El Lex100 es el sistema donde se registran los movimientos de las causas, se reprogramó para que los jueces puedan trabajar de forma remota, aunque con algunas dificultades: “el sistema se cae de vez en cuando, ahora menos que al principio, lo que no permitía actualizar todas las actuaciones y notificar a las partes”, explicó un magistrado.
El desafío mayor ahora se enfoca en los juicios por corrupción, aquellos ya iniciados y que cuentan con una importante cantidad de prueba documental e imputados. Algunas audiencias se pudieron reanudar a través de “cisco jabber y/o Polycom”, que se utiliza a vía VPN lo que justamente está buscando mejorar el Consejo de la Magistratura. Cada vez que se utiliza deben informarse al mismo, ya que el know how es de la División de Tecnología del CM. Algunos magistrados optaron por el Zoom como hizo el Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) que retomó un caso contra Ricardo Echegaray, “pero el mismo contaba sólo con dos imputados y pocas personas conectadas y hubo igual algunas dificultades”, explicaron a Clarín.
La Ruta del Dinero K a cargo del TOF 4, cuenta con 24 imputados, más las tres querellas, y la fiscalía a cargo de Abel Córdoba. Fuentes del caso explicaron que como se encuentra en etapa de alegatos, es decir cuando los acusadores piden las condenas, todos los involucrados en las presuntas maniobras de lavado, “deben estar conectados, hablamos como mínimo 60 personas”.
Este es el primer escollo a resolver. Según pudo saber Clarín, el Tribunal consultó a todas las partes sobre la posibilidad de realizar una audiencia online como también se remitió la consulta pertinente al Consejo de la Magistratura.
Abogados, querellas solicitaron “un sistema y una conexión segura, que permita transmitir power point, videos, documentación”. Al respecto, señalaron que frente a la cantidad de personas que deben estar conectadas, no debe producirse en esta etapa ningún tipo de dificultad en la transmisión “porque eso además puede generar quejas, planteos de las partes”.
El Consejo de la Magistratura en otros casos respondió que el total de conexiones seguras que puede garantizar un normal funcionamiento, no debe superar las quince personas. Un número notablemente inferior al del caso que tiene como principal acusado a Lázaro Báez por haber blanqueado U$S 60 millones, y que tiene como delito precedente las adjudicaciones irregulares en la obra pública, jucio que tiene a Cristina Kirchner señalada como la jefa de la asociación ilícita.
Más allá de las explicaciones del Consejo, es sorprendente que en casi 60 días de cuarentena no haya podido solucionar ese problema. Lo cierto es que el freno de los juicios de corrupción se da en el medio de un reacomodamiento judicial.
Y también luego de que la Oficina Anticorrupción haya desistido de ser querellante en las causas Hotesur y Los Sauces, donde es juzgada Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia por lavado de dinero. A eso hay que sumarle que la semana pasada el Consejo salvó al juez Luis Rodríguez de una denuncia por un supuesto pago de sobornos y está a punto de salvar a Rodolfo Canicoba Corral de cinco expedientes en su contra por supuesto enriquecimiento y sobornos, entre otros.
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