La tarjeta de memoria del teléfono móvil de la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham llegó «muerta» al servicio técnico al que la envió para que intentasen extraer la información. Y fue
allí donde le hicieron la quemadura que presenta y que ha referido la Policía Científica en sus informes sobre los daños físicos del dispositivo, según ha explicado en declaraciones a ABC el gerente para Europa de esa empresa de reparaciones, Jaime Ferrer. Pablo Iglesias recuperó la tarjeta del móvil sustraído a Bousselham en enero de 2016 y, tras varios meses, se la devolvió a su propietaria. El problema es que ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga este asunto y su posible relación con el comisario José Manuel Villarejo, ella ha dicho hasta en dos ocasiones que se la devolvió estropeada. Aportó los correos electrónicos con el servicio técnico de Ferrer para acreditar su intento de arreglarla, aunque a priori los datos no concordaban. Mientras, la Policía Científica analizó la tarjeta y constató que, efectivamente, estaba inservible. En un informe, l lamó la atención sobre «daños físicos», pues estaba «parcialmente quemada». Saltaron entonces las alarmas, pues se desconocía quién pudo destruir la tarjeta, cuándo, cómo y con qué fines. Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez Manuel García Castellón apuntaron la posible comisión de un delito de destrucción de dispositivos informáticos. Sumado al posible delito de revelación de secretos en el que habría incurrido Iglesias al ocultar la tarjeta a su asesora, y a la posibilidad de que ella misma divulgase la información comprometedora que le trajo al procedimiento, le valieron la expulsión de la causa, donde constaba como perjudicado. Con este panorama, Bousselham se desdijo y aseguró que pudo consultar la tarjeta, ergo Iglesias no se la dio estropeada, pero aún no está claro. El juez acordó seguir investigando este asunto y ahora tiene sobre la mesa un informe de policial con datos recabados del servicio técnico que acredita que el marido de Bousselham les envió la tarjeta, que trabajaron con ella y que ante la imposibilidad de acceder a su contenido le ofrecieron un análisis forense por un presupuesto que podía superar los 600 euros. Él rechazó el ofrecimiento y se la devolvieron. Una «cicatriz» En el servicio técnico ya no conservan las fotografías que por protocolo, toman de los dispositivos cuando los reciben y cuando los devuelven, como tampoco tienen ya en su base de datos el informe de las pruebas a las que fue sometida la tarjeta ni trabaja allí el técnico que las realizó, según explica Ferrer en conversación con ABC. No obstante, apunta que si se propuso realizar ese examen forense avanzado, «parecido al que realiza la Policía», se debe a que «una recuperación directa no era posible porque la tarjeta estaba muerta». Aclara además, que los dispositivos pueden ser devueltos al propietario «en peor estado» en el que llegaron, ya que «es como ir al médico, hay que abrir y queda cicatriz». Preguntado por la quemadura en concreto, Ferrer explica que las tarjetas albergan un patrón de conexiones muy variado. Antes de abrir, hay que comprobar que el laboratorio dispone del patrón necesario para tratarla y para ello, se aplica calor sobre el plástico a fin de fundirlo y que deje ver el interior. Identifica como consecuencia de esa técnica el aspecto que presenta la tarjeta de Bousselham que obra en poder del juzgado. Esa «quemadura parcial» pudieron hacerla ellos. El resto de las disfunciones, su autor, la fecha y la razón, siguen siendo una incógnita.
FUENTE DIARIO ABC:
