Primera prueba de fuego para demostrar con hechos que la voluntad de acuerdo entre los distintos partidos políticos en Castilla y León en la crisis -sanitaria, social y económica- dejada por el
Covid-19 era algo más que una colección de palabras. Y prueba superada. Eso sí, con fuego cruzado entre sus señorías, que se dispararon con reproches, críticas y discursos que poco parecían alentar a un entendimiento que permitió sacar adelante -y casi por unanimidad- cuatro de las seis iniciativas debatidas en la primera sesión plenaria completa desde que se decretó el estado de alarma por el coronavirus. Y promovidas por distintas fuerzas. Eso sí, para llegar al acuerdo a la hora de votar -a mano alzada- entre partidos tan diversos como PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, Vox, UPL y Por Ávila hubo que pasar una mañana de debate con momentos duros y que apuntaba a que la voluntad de acuerdo se quedaría en solamente eso. Y practicar, también, un encaje de bolillos a base de enmiendas (contra)enmiendas a los textos iniciales para propiciar el «sí» de la mayoría en cuestiones tan diversas como el Ingreso Mínimo Vital, la reapertura de los consultorios o un plan de salud para hogares vulnerables. Como a nivel nacional, pero con los papeles invertidos, de un lado PP y Cs -socios de Gobierno en Castilla y León- y de otro, PSOE y Podemos, aliados en el Ejecutivo central, cuyas decisiones en esta pandemia se esforzaron en defender. Caso destacado fue el del Ingreso Mínimo Vital. Únicamente con el voto del procurador de Vox en contra, salió adelante reclamar un convenio entre Estado y Comunidad para encomendar a Castilla y León la gestión de esta nueva prestación «en los mismos términos y condiciones y con el mismo nivel competencial» que País Vasco y Navarra, por ahora las únicas a las que el Gobierno se lo cederá. «Lo más grave» «Plenamente de acuerdo con el fondo» del Ingreso Mínimo Vital, el popular Miguel Ángel García Nieto, mostró «su desacuerdo» con «la forma» en la que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos lo ha aprobado con la fórmula de «Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como». «No hay razón para que Castilla y León no pueda» gestionar esta nueva prestación, defendió García Nieto, quien reprochó el «trato desigual y discriminatorio» que supone ceder la gestión a unas comunidades sí y a otras, no. «Lo más grave son las palabras del ministro -de Seguridad Social, José Luis Escrivá- para justificarlo» con el argumento de que las autonomías con ayudas similares no han demostrado ser eficaces. «No, señor ministro, diga la verdad. Se lo dan porque necesitan sus votos para seguir apuntalando un gobierno débil y con tantas cuentas pendientes, mas preocupado por esquivar a la justicia que por hacer las cosas bien». «Está más que demostrado que Castilla y León está capacitada para garantizar la prestación», pues lo ha hecho ya con la Renta Garantizada de Ciudadanía. Sin mencionar la transferencia de la gestión a País Vasco y Navarra ni dedicar palabras a esta petición para Castilla y León -base del argumento de la iniciativa del PP-, desde el PSOE, Nuria Rubio se afanó en defender las bondades del Ingreso Mínimo Vital -que también alabó Podemos-. Los socialistas votaron a favor de este punto, pero no del añadido en el propio debate por los populares para exigir al Gobierno que rectifique el «injusto» recorte de 58 millones de euros destinados a las personas con más necesidades -que fue apoyado con respaldo de Cs-. «No dice la verdad. Son transferencias directas. No préstamos», justificó para su negativa la procuradora socialista. En un texto muy modificado sobre el inicial, también fue aprobada la enmienda del PSOE para que el «ahorro que pudiera producirse» en los fondos de la Renta Garantizada de Ciudadanía por la financiación del Ingreso Mínimo Vital por el Estado se destine «exclusivamente y en su totalidad» a Servicios Sociales. También aprobada con el único voto en contra de Vox la enmienda de Cs para incluir en la nueva prestación a los demandantes de asilo. Matiz Con 80 votos a favor de los 80 procuradores presentes, tras un tenso debate y con un matiz sobre el texto inicial, fue aprobada la iniciativa del PSOE que reclama a la Junta «adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio sanitario presencial en todos los consultorios médicos de Castilla y León». Eso sí, salió adelante con la coletilla añadida por Ciudadanos en la que, sin poner fecha, condiciona esa reapertura de consultorios a que se haga «siguiendo en todo momento las recomendaciones de la autoridad sanitaria para el manejo en Atención Primaria y domiciliaria de la Covid-19». «Vale de demagogias y engañar», reclamó José Ignacio Delgado (Cs). «Es de justicia» que «todos» los centros tengan atención presencial, defendió el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca. «No nos valen sus excusas. Siempre han querido cerrar la sanidad rural», recriminó el líder del PSCL, quien prometió que les tendrán «enfrente» en esa lucha y se felicitó por haber logrado el acuerdo y así «lanzar» un mensaje a los ciudadanos de que «la política sirve». Tener cerrados los consultorios «es una vergüenza, una infamia, una ignomia y es abyecto», censuró Pablo Fernández (Podemos). «Están cercenando el acceso a la sanidad del medio rural», reciminó. «Sí a la consulta presencial, pero siempre con la máxima seguridad y de la mano de los expertos», defendió el popular Alejandro Vázquez, crítico con la «manipulación» y «propaganda» del PSOE: Y con una abstención y el resto de a favor, aprobada la iniciativa de Podemos para poner en marcha un plan de salud para hogares vulnerables. «Les agradezco el consenso, pero no vengan a embarrar y hacer ruido», espetó su impulsora, Laura Domínguez.
FUENTE DIARIO ABC:
