La Generalitat pedía para el joven independentista una pena mayor incluso que la que reclamaba la Fiscalía. Sin embargo, ayer, en el juicio por unos hechos que acontecieron el 30 de enero
de 2018 durante la investidura fallida de Carles Puigdemont, los letrados de la Generalitat anunciaron que se retiraban del proceso. Aquel día, el joven J.M.R.C, según la versión de la Fiscalía, «golpeó con un martillo» las puertas del parque de la Ciutadella, donde está ubicado el Parlamento de Cataluña. El recinto estaba cerrado con cadenas para impedir que los manifestantes invadieran el parque. Hubo momentos de tensión durante los cuales este individuo supuestamente propinó un fuerte empujón a un agente de los Mossos d’Esquadra. Esta es la versión de la Fiscalía, que en su escrito de acusación reclamó para él una condena de dos años de prisión por el delito de desórdenes públicos, y un año más por el de atentado contra agente de la autoridad. Así lo consideraba la Fiscalía en su escrito previo al juicio, y así lo conformó ayer una vez acabada la vista oral, celebrada en la Audiencia de Barcelona. La Generalitat, que también era acusación en la causa, no maniobró de la misma manera. Inicialmente se había personado como acusación, reclamando una pena de tres años y diez meses de cárcel para el joven independentista, tal y como adelantó «eldiario.es». Es decir, una condena mayor que la que solicitaba el Ministerio Público. La Generalitat trató ayer de salir al paso de esta contradicción. Argumentó, según informó Efe, que en aquella protesta «ningún» agente de los Mossos d’Esquadra ni «ningún» bien público sufrió daños durante las protestas. Y añadían que la decisión de personarse al principio en esta causa se tomó bajo la aplicación del 155 de la Constitución y con el Govern «intervenido» por parte del Estado después de que el ejecutivo del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarase la secesión de Cataluña, para escabullirse horas después al extranjero. En lo que al juicio propiamente dicho, J.M.R.C negó ayer los hechos. El joven aseguró que no había golpeado con el martillo las puertas del acceso a la Cámara catalana, aunque sí reconoció que había dado golpes a las cadenas. También trató de convencer de que no había empujado a ningún agente que conformaba el cordón de seguridad. El acusado llegó a afirmar, en su declaración ante el juez, que no forzó las puertas puesto que además, según él, estaban abiertas. Durante el juicio, que ayer quedó visto para sentencia, comparecieron también varios agentes de los Mossos que estaban presentes en los incidentes y que dieron una versión totalmente contraria a la ofrecida por el joven. Sin embargo, el Ministerio Público no aportó en la vista más pruebas que esas declaraciones testificales. La Fiscalía no pudo fortalecer su tesis con más elementos, pues no aportó ni fotos ni vídeos de la supuesa agresión, ni tampoco del martillo en cuestión. Cambios de criterio La posición de la Generalitat en este caso contrasta con la mantenida, también por los abogados de la administración autonómica, siete años antes (2011). El escenario es el mismo, las inmediaciones del Parlamento de Cataluña, pero el objetivo político de los encausados, difiere. Entonces, fueron los autodenominados indignados, ahora, los independentistas. En las manifestaciones de 2011 del 15-M contra la clase política, y en aquel caso concreto contra los recortes del gobierno de Artur Mas, se produjo el intento de asalto al Parlamento autonómico. Por aquellos sucesos -algunos diputados tuvieron que entrar en la cámara catalana en furgones de los Mossos y Mas lo hizo en helicóptero-, el Tribunal Supremo condenó a ocho de los diecinueve detenidos encausados. La Generalitat, entonces en manos convergentes, también había pedido penas de cárcel, porque los indignados habían alterado el «orden democrático». Tras la sentencia, el gobierno catalán, personificado en Francesc Homs, señaló que el fallo del Supremo concordaba «con el sentir mayoritario del pueblo de Cataluña». Y Jordi Turull calificó el intento de asalto como un «golpe de Estado encubierto». Cómo cambiaron su discurso cuando en el otoño de 2017 los «violentos» ya no eran los «indignados», sino los independentistas.
FUENTE DIARIO ABC:
