El Parlamento Europeo abordará la próxima semana el cerrojazo informativo que el Gobierno impuso en los primeros compases del estado de alarma, cuando suspendió el Portal de Transparencia y fijó un polémico
filtrado de preguntas en las ruedas de prensa. La Comisión de Peticiones ha incluido en el orden del día del martes día 16 la comparecencia de un abogado español, Sergio Santamaría Santiagosa, que en una intervención telemática expondrá antes los eurodiputados por qué cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ha respetado la libertad de información y ha vulnerado la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Esta Comisión es la única de la UE que permite, a título particular o en nombre de una asociación, presentar una queja sobre asuntos que afecten a derechos fundamentales. Es decir, es la vía para que los ciudadanos europeos puedan llamar la atención sobre posibles vulneraciones por parte de los Estados miembro, y Bruselas entiende que la opacidad del Gobierno de España durante la gestión del coronavirus merece, al menos, ser tenida en cuenta. La Comisión Europea, tras escuchar al peticionario y a los europarlamentarios que quieran emitir su opinión, dirimirá si es competente o no para dilucidar si España ha vulnerado el derecho a la libertad de información. Cuando el Gobierno aún se resistía a responder sin control previo a las preguntas de los periodistas y maniobraba para que el Congreso siguiera a medio gas, la eurodiputada popular Dolors Montserrat, que preside la Comisión de Peticiones, ya avanzó que daría curso a todas las peticiones relacionadas con la crisis del Covid-19. Los coordinadores de la Comisión acordaron por unanimidad ver el máximo número posible de peticiones referidas a la gestión de la pandemia durante estos meses. Quejas de consumidores contra las compañías aéreas por la devolución de los billetes de vuelos cancelados, consultas sobre la libertad de movimeintos o solicitudes relacionadas con la falta de mascarillas o de pruebas diagnósticas son algunos de los temas que han ido a la Comisión de Peticiones. También cuestiones que tienen que ver con el estado de derecho. De hecho, la Comisión Europea anunció el 30 de marzo que evaluaría que las medidas excepcionales adoptadas por los Estados miembro fueran proporcionales y ajustadas en el tiempo. España, junto a países del este como Rumanía, Hungría o Polonia, es uno de los que más quejas ha notificado. Fuentes del PP destacan que su grupo en Bruselas ha documentado ante la Comisión las trabas del Gobierno español a la labor fiscalizadora de la oposición y de la prensa y también los ataques a la separación de poderes, como la destitución del mando de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. «El estado de alarma en España es el más restrictivo y el más largo en la UE», dicen desde el PP. «Se han superado líneas rojas». Por su parte, la eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, valoró ayer para ABC la importancia de que haya sido aceptada la petición del abogado español. «Cuando un Ejecutivo tiene un poder reforzado es imprescincible que se refuerce el control parlamentario y de la opinión pública. Nunca entendimos que se cerrara el Portal de Transparencia, que el Congreso funcionara a medio gas o que se buscaran artimañas para delimitar la actividad de los periodistas más inquisitivos», dijo. «La idea de los poderes y contrapoderes no ha funcionado correctamente durante la pandemia. Ha tenido que haber quejas y escándalo para que estas cuestiones pudieran ir corrigiéndose. Es una lección que se debe aprender», añadió. Ciudadanos sostiene igualmente que el Ejecutivo de coalición, especialmente el ala de Podemos, no ha sido respetuoso con el pluralismo político y ha recurrido por defecto a la propaganda extrema. «Eso de que el fin justifica los medios no ayuda a que la opinión pública se desarrolle de una manera constructiva», cree Pagazaurtundúa, que llamó la atención en que en el ámbito comunitario hechos así solo se han dado en la Hungría de ultranacionalista Viktor Orbán.
FUENTE DIARIO ABC: