Desde que se presentó la primera denuncia por prevaricación contra el delegado del Gobierno por su permisividad ante la celebración de la manifestación del Día de la Mujer, a la que se
esperaba la asistencia en Madrid de un millón de personas, la juez Carmen Rodríguez-Medel ha recabado dos informes forenses, dos atestados de la Guardia Civil y la declaración de 17 testigos, así como del propio investigado, para arrojar luz sobre los principales indicios de delito que encontraba en este asunto. Parte de que José Manuel Franco es competente en materia de orden público y si puede prohibir una manifestación por la lesión del derecho a la intimidad de un cargo público, también por el derecho a la salud de sus ciudadanos. Con esta premisa, que la Abogacía rebate porque no ostenta como tal potestad en materia sanitaria, la juez se ha centrado en analizar hasta qué punto tenía conocimiento del riesgo de contagio de coronavirus para discernir si a sabiendas tomó o dejó de tomar alguna decisión al respecto. En contra de Franco pesa que fueron 130 las concentraciones autorizadas entre el 5 de marzo, cuando el Gobierno ya había recibido un aviso del Centro Europeo de Control de Enfermedades, y el día 14, cuando se decretó el estado de alarma. También que en este periodo no se prohibieron eventos previstos para fechas posteriores y cuando se notificaban, la Delegación no emitía recomendación sanitaria alguna. Esta era la tónica aunque en la institución ya había circulares del área de Prevención de Riesgos Laborales que pedían higiene de manos y distancia social. Por último, se recogía la posibilidad de que Franco hubiese recibido orden expresa de prohibir o permitir que tuviera lugar el 8-M. Avisos, el día 11 Los dos atestados de la Guardia Civl que obran en los 3.000 folios de sumario incidían en este asunto: la Delegación conocía el riesgo desde febrero y el Gobierno, al menos, desde un mes antes. El forense se pronunció en los mismos términos hablando de una «hecatombe sanitaria» predecible para cualquier epidemiólogo, si bien dejaba constancia de que cualquier asistente a la marcha que luego tuviese coronavirus podría haberlo contraído igualmente en otro sitio. No consta orden expresa de mantener ni de prohibir la marcha feminista. Mientras, las testificales reflejan que el área de Seguridad Ciudadana comenzó a llamar a los convocantes de manifestaciones a partir del día 11 para disuadirles de celebrar los eventos por razones sanitarias. Se traslada así de primeros a mediados de mes la fecha en la que este organismo tuvo no sólo conocimiento, sino conciencia del peligro, e hizo algo al respecto. Los funcionarios y altos cargos de la Delegación del Gobierno han apuntalado esta tesis, igual que el propio Franco. Según afirmó, no hubo antes ningún elemento que justificase prohibir el derecho de reunión.
FUENTE DIARIO ABC: