La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas para determinar si su antecesor Norberto Oyarbide cerró de forma fraudulenta el expediente donde se investigaba el presunto enriquecimiento ilícito de Cristina y Néstor
Kirchner. Este miércoles se remitieron pedidos a la Corte Suprema de Justicia sobre el accionar de los peritos que intervinieron en el caso, y al Consejo de contadores para conocer el desempeño de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner, entre otros requerimientos. Una vez analizada la información se determinará si se hace lugar al pedido del a Unidad de Información Financiera (UIF) -de la anterior gestión- para declarar nulo el sobreseimiento dictado por el ex magistrado.
Con todo su patrimonio cedido en partes iguales a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y embargos e inhibiciones de bienes sobre toda su riqueza, once años después, en los tribunales de Comodoro Py se vuelve a discutir si Cristina Kirchner debe ser investigada por enriquecimiento ilícito o no.
El año pasado Capuchetti asumió frente al Juzgado 5, que perteneció a Norberto Oyarbide. Allí, durante sólo seis meses, estuvo abierta la causa por enriquecimiento ilícito contra Néstor y Cristina Kirchner. Después de una pericia contable de la que participó el entonces contador de los ex presidentes la causa se cerró y el magistrado a cargo sobreseyó al matrimonio.
Los Kirchner eran investigados porque según sus propias declaraciones juradas de bienes, su patrimonio había aumentado 158% en un año. Entre 2007 y 2008, pasaron de tener bienes, dinero en efectivo y sociedades por 17,8 millones de pesos a acumular 46 millones. La discusión sobre cómo investigó aquel expediente se reabrió en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, cuando Oyarbide admitió que actuó bajo presiones de los ex presidentes; del ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, y del operador judicial K Javier Fernández.
A estas declaraciones se sumó luego la confesión de Manzanares, aceptado como imputado colaborador por el juez Claudio Bonadio. En su indagatoria contó que Néstor Kirchner le pidió que se haga cargo de “manejar su pericia contable” y que lo envió a la SIDE, donde se encontró con Fernández.
Manzanares relató que lo llevaron a la casa de Oyarbide, quien le pidió que describiera los hechos económicos de Kirchner que él conocía desde los 90. Según su testimonio, el juez le ordenó que “debía ir a ver al Perito de la Corte, Dr. Peralta”, ahora investigado por esta declaración.
El ex contador de los Kirchner confesó que “temía por el resultado de la pericia”, porque la documentación de algunos de los actos económicos “no era suficientemente consistente desde el punto de vista legal, porque, por ejemplo, durante el año 2008 Néstor Kirchner había vendido aproximadamente 13 propiedades que se transfirieron a Austral Construcciones -la empresa de Lázaro Báez- y Rudy Ulloa, y no estaban todas las escrituras y algunas eran copias simples”. No aseguró que hayan sido operaciones simuladas; “sí creo que la pericia fue laxa, fue liviana”, sentenció.
Según los dichos de Manzanares, dos días antes de que se haga público el fallo, Kirchner lo llamó “para avisarme que el resultado era bueno, que estaba sobreseído”. Todo transcurrió en cuatro meses. Ahora, la Justicia evalúa la legalidad de aquellos procedimientos.
Por eso, la jueza Capuchetti ahora firmó una serie de medidas para determinar si Oyarbide”procedió de forma fraudulenta” como se sostuvo en la denuncia de la UIF que dirigía Mariano Federici.
En primer término, la magistrada pidió al Cuerpo de auditores de la Corte Suprema de Justicia que informe qué auditorías internas realizó sobre los dos peritos oficiales que firmaron el informe que usó Oyarbide para sobreseer a los Kirchner. Se trata de la perito María del Carmen Penedo -desafectada del cuerpo de profesionales este año, precisamente por esta causa- y el decano de peritos, que se encuentra jubilado. La jueza quiere saber qué investigaciones administrativas se iniciaron sobre su desempeño en el caso y que se remitan copias al juzgado.
Por otro lado, se requirió información al Consejo de contadores sobre el proceder de Víctor Manzanares, y si inició alguna acción cuando fue denunciado por mal desempeño de sus tareas y en caso que así sea, también que la documentación sea enviada a Comodoro Py.
En este mismo sentido, el Consejo de la Magistratura deberá responder a la jueza Capuchetti si existen denuncias contra Norberto Oyarbide vinculadas a la causa que cerró sobre la investigación patrimonial contra los Kirchner, y si la hay, enviarlas al juzgado.
Diferencias en los números
En su oportunidad, el perito Eduardo Blanco Álvarez, ex auditor de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, fue quien confeccionó un informe sobre las inconsistencias que detectó en el patrimonio de los Kirchner, pero nunca se incorporó al expediente que instruyó Oyarbide.
De los 28 millones de pesos que había crecido el patrimonio de los Kirchner entre 2007 y 2008, Blanco identificó que 24,7 millones eran imposibles de justificar. En diciembre de 2009, con el dólar a $ 3,81, esa cifra ascendía a casi 6,5 millones de dólares.
Uno de los puntos que más le llamó la atención a Blanco, según dejó por escrito en el informe, era la falta de certificados de los plazos fijos que habían declarado los Kirchner. Sin esos respaldos, era imposible constatar cómo habían ganado unos 4,2 millones en un año.
Blanco también sostuvo que faltaba documentación para justificar compras y ventas de inmuebles que habían hecho en ese período. Se refería a las 16 propiedades que habían declarado como vendidas y por las que decían haber recibido 14,5 millones de pesos. Esa sospecha coincide con el planteo de Manzanares.
Al listado de inconsistencia que analiza la justicia nuevamente, Blanco sumó la deuda de 8.329.000 pesos que los Kirchner mantuvieron con Austral Construcciones. Según Manzanares, esos fondos se destinaron a la edificación del hotel Los Sauces y que “los Kirchner no le querían pagar” a Báez.
Pero sus observaciones fueron desestimadas por Oyarbide. Ahora, tanto esas puntas como otros expedientes que pusieron bajo la lupa los movimientos de dinero y los incrementos patrimoniales de la vicepresidenta están nuevamente bajo la lupa.
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