El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha desestimado el recurso del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias contra el auto por el que
el pasado 25 de mayo decidió dejarle fuera del caso Villarejo, donde ostentaba la condición de víctima, a la luz de la posible comisión de un delito de revelación de secretos y otro de destrucción de dispositivos informáticos. En un auto firmado este lunes, el instructor reprocha a Iglesias que tuviese una copia del volcado del móvil de su asesora, Dina Bousselham, durante meses y a sus espaldas, copia a la que tuvo acceso incluso antes que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo: los archivos de aquel teléfono encontrados entre el arsenal de documentación que se le intervino se crearon en abril de 2016 e Iglesias ya tenía la tarjeta de memoria en enero del mismo año. «Este dato debilita notablemente el presunto vínculo, sustentado por el recurrente, entre el investigado Sr. Villarejo y la sustracción del teléfono móvil a Dina Bousselham«, dice el juez. Las pesquisas se siguen en la pieza separada número 10 de la macrocausa Tándem. Se trata de esclarecer cómo el móvil sustraído a la exasesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham en noviembre de 2015 acabó entre los archivos de Villarejo, habiendo pasado por dos redacciones y siendo publicado parcialmente en una de ellas. Iglesias fue llamado como víctima y apuntaba a una maniobra de la «cloaca» del Estado por la que Villarejo habría sido el nexo entre el robo y la publicación de ese contenido, unos pantallazos de conversaciones en Telegram en las que el ahora vicepresidente salía mal parado. Sin embargo, a lo largo de la investigación se ha puesto de manifiesto, por un lado, que Iglesias tuvo ese mismo volcado del móvil en enero de 2020 y se lo ocultó a su legítima propietaria y que ella, además, hacía pantallazos de las conversaciones y las compartía, por lo que la fuente de la publicación pudo no ser necesariamente Villarejo. «No ha resultado acreditado que el Sr. Villarejo posea la primera copia de la tarjeta. En este momento, el único hecho cierto es la fecha de creación de las carpetas ubicadas en los dispositivos que el Sr. Villarejo tenía en su poder; estas fueron creadas el 14 de abril y 11 de julio de 2016«, explica el juez. Es decir, que el 20 de enero de 2016, cuando Iglesias tuvo acceso a la tarjeta, Villarejo no disponía «de archivo alguno» procedente de ella y sin embargo, sí está acreditado que el ahora vicepresidente la «tenía en su poder».«En definitiva, a medida que fue avanzando la investigación, las diligencias practicadas revelaron un escenario diferente, y es este nuevo escenario el que conduce a la decisión de revocar a Pablo Iglesias Turrión en su condición de perjudicado«, concluye García Castellón. El juez suma este hecho a que Iglesias «recibió la tarjeta y no le dijo nada a Dina Bousselham pese a saber que contenía información personal e íntima de su titular, y que además la tarjeta había sido obtenida de forma ilícita». «Pese a ello Pablo Iglesias no devolvió la tarjeta a Dina, ocultándole que la detentaba, y son lo hizo ni cuando se la entregaron en enero de 2016, ni después, en Julio de 2016, tras la publicación de las imágenes«, expone. Para el instructor, «esta pasividad resulta incoherente con las manifestaciones realizadas en sede judicial por el Sr. Iglesias y confirman (de nuevo) que no puede ser tenido por perjudicado en ningún caso». En cuanto a la devolución de la tarjeta a su propietaria, que tuvo lugar en una fecha aún por determinar entre 5 y 39 meses después de que Iglesias tuviera acceso a ella, el juez simplemente concluye que cuando se la entregó, estaba «dañada», asunto sobre el que la defensa del vicepresidente no habla en su recurso contra la expulsión del procedimiento.
FUENTE DIARIO ABC: