Alivio judicial para Cristina Kirchner en la causa por supuestas coimas para interceder ante Hugo Chávez por Sidor

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó uno de los procesamientos que recaían sobre Cristina Kirchner, los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta y el directivo de Techint Luis Betnaza,

entre los principales, en un derivado de la causa de los cuadernos de las coimas donde se analizaron presuntos sobornos para interceder ante Hugo Chávez cuando decidió expropiar la planta siderúrgica Sidor, de Techint. El magistrado determinó que se continúen realizando medidas de prueba y se profundice la investigación. En este expediente ya se había revocado la acusación contra el CEO de la empresa, Paolo Rocca.

Este expediente se concentró solamente en los supuestos delitos del Grupo Techint en relación a su empresa “Siderúrgica de Orinoco” –SIDOR- que se encontraba en Venezuela. Un ex integrante de la compañía involucrado en el caso cuadernos, Héctor Zabaleta, ingresó al programa de imputados colaboradores y contó que De Vido le había pedido dinero a la compañía a cambio de agilizar el pago de la indemnización por la expropiación de SIDOR, que Chávez había realizado en 2008. 

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En la causa se reconstruyó la situación. Según confesó Zabaleta, cuando los directivos de la firma acudieron al Gobierno nacional para pedir que intercediera para lograr el cobro de la empresa, los recibió Claudio Uberti (ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales), Julio De Vido, José María Olazagasti y Roberto Baratta. 

En ese contexto, según había establecido la causa, los funcionarios del Gobierno -entre los cuales tuvo una participación preponderante De Vido- “comenzaron a pedirle a los directivos de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de Venezuela, siendo Héctor Zabaleta el encargado de acordar con Baratta el modo de realizar los pagos y la cantidad de los mismos”. Parte de esos supuestos pagos estaban registrados en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, cuyo contenido dio inicio a la mega causa por corrupción de los cuadernos de las coimas, ya elevada a juicio oral.

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Por este circuito de presuntas coimas, el juez Claudio Bonadio había procesado a los directivos de Techint, a los ex integrantes del Ministerio que condujo De Vido y a la vicepresidenta, acusada como la jefa de la asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales. Cuando la Cámara Federal porteña confirmó parte de las acusaciones y revocó el procesamiento de Paolo Rocca, se continuaron con las medidas prueba.

Se entendió en aquella oportunidad que la instrucción “no se encontraba completa y restaban llevar a cabo medidas para profundizar la investigación respecto de los ocho pagos que se habrían efectuado a funcionarios públicos en nombre del grupo Techint, vinculados a las circunstancias que rodearon la nacionalización de la compañía Sidor”. 

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Ahora, el juez Martínez De Giorgi -que tiene ahora a su cargo el juzgado que perteneció a Bonadio- ratificó aquella línea: consideró que para determinar el grado de responsabilidad -o no- de los acusados, “corresponde disponer la realización de diversas medidas de prueba que clarifiquen estos aspectos”.

En función de ello, “se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa a fin de determinar si los pagos efectuados por el “Grupo Techint” pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela”, sostiene la resolución al a que accedió Clarín.

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Por tal motivo, se revocó el procesamiento contra los involucrados, dictando una falta de mérito para continuar con la investigación. “A dichos fines, resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas “Ternium” y “Sidor”, que fueron propuestos por el Sr. Fiscal”, sostuvo el juez. 

También -se explicó en la resolución-, “correspondería incorporar a la presente los viajes realizados por los imputados a la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR, como así también determinar la existencia de comunicaciones que se hayan registrados entre los imputados en ese período”.

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