La Organización de Consumidores y Usuarios publicó el pasado 23 de junio una serie de instrucciones tanto para propietarios como inquilinos sobre cómo actuar en lo relacionado con las piscinas de uso
comunitario. En este documento —disponible en su página web— se anima a los inquilinos a solicitar una compensación por esta circunstancia imprevista. La OCU sostiene que la no apertura de este tipo de instalaciones «podría considerarse un incumplimiento parcial del contrato de alquiler» en el caso de que el uso de la piscina esté explícitamente recogido en el contrato firmado. De esta forma, el arrendatario podría solicitar una compensación al no disponer de este elemento, «que podría ser determinante a la hora de escoger una vivienda». La organización sugiere un acuerdo entre partes firmantes sobre la compensación solicitada, como una rebaja temporal en la renta —que según expertos participantes en la OCU, podría alcanzar de un 10% a un 20% del total— o la aplicación de otra mejora que equilibre la pérdida de esta instalación. Consejos para el propietario El documento publicado también recuerda que este año y debido a las circunstancias especiales en cuanto a medidas de seguridad, «tener una piscina saldrá más caro». En el caso de abrir estas zonas, se deberá contratar más personal para vigilar el aforo y dedicar un gasto mayor a la higiene de los espacios. En el caso de que los dueños decidan no abrir, el superávit causado por la ausencia de gasto en el mantenimiento de la piscina se deberá gestionar con cautela. La OCU recomienda esperar al cierre del ejercicio y decidir mediante mayoría qué hacer, y propone ideas como destinarlo al fondo de reserva, pagar una derrama pendiente o rebajar las cuotas ya en 2021.
FUENTE DIARIO ABC: