Cada vez que se produce el acercamiento de un preso de ETA a cárceles próximas al País Vasco, a una o a varias víctimas se les hace un nudo en el estómago.
Agradecen la llamada previa que reciben de una psicóloga de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), en lugar de enterarse por la prensa, pero eso no evita que se remuevan. «No lo entienden. Se preguntan por qué, cuál es la imperiosa necesidad», explica Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la asociación. Y van muchas llamadas ya: casi cincuenta desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018. Uno de cada cuatro internos etarras cumple ya su pena en un centro penitenciario cercano al País Vasco: la política de proximidad vinculada al fin de la banda progresa, a un ritmo que aquellos a quienes el terrorismo partió en dos no entienden. A 24 de junio hay 208 etarras encarcelados, según datos de Instituciones Penitenciarias. De ellos han sido acercados 46 y otros diez disfrutan del tercer grado, un régimen de semilibertad, según las mismas fuentes. Los tres últimos traslados se han producido esta semana desde los centros penitenciarios de Córdoba, Cáceres y Sevilla a Logroño, Soria y Palencia, respectivamente. Gorka Vidal -conductor de la furgoneta de la llamada «caravana de la muerte» (500 kilos de explosivos listos para atentar); Miguel Guillermino San Argimiro (que formó parte del último «comando Madrid») e Íñigo Vallejo son los últimos de la lista. El mes de julio lo han marcado en rojo las víctimas, que han asistido consternadas a cómo el asesino del concejal del PP Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García se beneficiaba de la política de concentración y se instalaba en una celda de Zaragoza procedente de Granada. El pistolero José Luis Barrios sigue en primer grado pero la Junta de Tratamiento de Albolote le aplicó el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario para que se vaya adaptando al régimen ordinario. En septiembre cumplirá las tres cuartas partes de su condena a 30 años. «La primera vez que nos reunimos con el ministro Marlaska en septiembre de 2018 nos aseguró que para los traslados se haría un tratamiento individualizado, que serían en torno a una veintena, que se les exigiría una condena explícita de la violencia y que asumieran la legalidad penitenciaria. Otras condiciones eran que les quedaran pocos años de condena y que no tuvieran delitos de sangre. Esto último se ha incumplido, pero es que además lo de los delitos de sangre es tramposo porque en algunos casos tienen penas por delitos muy graves algo que no ocurrió al principio», argumenta Carmen Ladrón de Guevara. Y añade: «Llevamos más del doble de lo que se nos anunció. El acelerón se ha producido a partir de mayo». No es la única queja de las víctimas respecto a la política penitenciaria aplicada a miembros de la banda estos últimos meses. El mismo día del traslado de Barrios se aprobó el de Igor González Sola, colaborador del «comando Donosti» de Soria a la prisión de Martutene en San Sebastián. Covite ha pedido explicaciones a Marlaska. Hasta ahora todos los traslados se habían producido a cárceles que no estaban en el País Vasco, sino en otras comunidades. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, no valora los movimientos que tienen que ver con terceros grados, que los concede el juez de vigilancia penitenciaria y no Interior, pero no es el caso de González Sola. Cesiones a PNV y Bildu Pese al desacuerdo, ambas asociaciones valoran que desde el Ministerio se les informe antes de cada acercamiento y no tengan que enterarse por la prensa, pero la AVT considera que se ha dado un salto cualitativo del que discrepan. «Lo vimos en la reunión mantenida en marzo con el ministro. Ya no son tan individualizados y a algunos les quedan condenas largas por delante», sostiene la abogada de la asociación. Ellos preguntaron directamente si se trata de cesiones al PNV y de gestos de buena voluntad enfocados a Bildu. En su agenda algunos movimientos de presos coinciden con momentos clave de negociaciones del Gobierno. Tienen marcado el pasado 30 de diciembre con el traslado del histórico Arregi Erostarbe «Fiti» de Alicante a Asturias, el primer acercamiento a un etarra condenado por delitos de sangre, justo antes de la investidura de Sánchez. El cambio de centro del antiguo miembro de la cúpula de ETA caída en Bidart lleva para la AVT el sello del anuncio de la abstención de Bildu. Marlaska les aseguró en su última reunión que la política penitenciaria la va a seguir marcando el Gobierno aunque se ceda la gestión de las prisiones al País Vasco. Esa es una de las líneas rojas para las víctimas; la otra la exigencia de colaboración con la Justicia de cara a un pronóstico favorable de reinserción. «Sin colaboración no se puede hablar de verdadero arrepentimiento», insisten desde la AVT. «Con los etarras no hay ningún plan de desradicalización como con los yihadistas. Deberíamos poner algo de empeño para que no salgan orgullosos de lo que hicieron». Fuentes de la lucha antiterrorista apuntan también esta idea. «Nada que objetar a que se les acerque, eso es política penitenciaria, pero podrían colaborar, ayudar a esclarecer casos pendientes, contar quién les daba las informaciones, las órdenes…». Las víctimas, qué remedio, asumen que de aquí a cinco años la mitad de presos etarras estarán en libertad por cumplimiento, pero mientras necesitan gestos. Una y otra vez se suceden los homenajes a los que vuelven a casa y con frecuencia ante la inacción judicial. «No podemos olvidar el lema del entorno aberztale: no los queremos cerca, los queremos libres. Nos preocupa que el acelerón de los acercamientos signifique una flexibilización para los terceros grados», argumenta Ladrón de Guevara. Impacto psicológico Su asociación presentó a finales de abril un informe sobre el impacto psicológico que producen en las víctimas los actos de homenaje a etarras. En los últimos años se han celebrado más de 95 recibimientos a más de 90 terroristas: 15 habían cometido atentados con muertos. Es la aplicación práctica de la estrategia «Kalera Kalera» («a la calle, a la calle») de la izquierda abertzale para que sus presos estén libres y arropados. Las conclusiones de las entrevistas realizadas para el informe de impacto son demoledoras: enfado, sentimiento de injusticia y humillación de gran intensidad. Contaron a los psicólogos que sentían abandono de las administraciones públicas, sobre todo aquellas víctimas que viven en el País Vasco o lo hicieron en el pasado. Reconocieron también que cuando a un etarra se le recibe con honores y se le llega a sentar en el Ayuntamiento de su pueblo su vida diaria se ve perturbada. Y no entienden cuando la Justicia calla. Acabar con los homenajes a etarras Covite ha documentado 124 actos de apoyo a terroristas en los seis primeros meses de 2020. El colectivo de víctimas alerta del preocupante aumento, un 158 por ciento más que el año anterior. De esos apoyos, seis han sido homenajes públicos a miembros de la banda. «España es el único país de la UE en el que se homenajea y muestra apoyo y gratitud públicamente a terroristas sanguinarios orgullosos de su pasado criminal», señalan. Y apuntan a la inacción de la Audiencia Nacional. «No tiene voluntad de aplicar el Código Penal como lo hacía hace unos años». En enero la Guardia Civil detuvo a cuatro individuos por organizar casi un centenar de homenajes a etarras y a su entramado de apoyo durante tres años. Les imputaron enaltecimiento y humillación y menosprecio a las víctimas.
FUENTE DIARIO ABC: