La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de investigación al hilo de tres denuncias presentadas por la asociación monárquica Concordia Real Española contra los líderes del BNG, Ana Pontón; ERC,
Pere Aragonés; y Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; por injurias graves a la Corona a raíz de sus comentarios sobre la situación de Don Juan Carlos de Borbón y sus críticas a la Monarquía. Según informan en fuentes jurídicas a ABC, las tres denuncias se registraron en la Fiscalía de la Audiencia Nacional el pasado 4 de agosto y han motivado la incoación de diligencias de investigación. A partir de ahora, una fiscal ya nombrada a cargo del asunto investigará si los hechos que detalla la asociación son o no constitutivos de delito y procede presentar una querella. En el caso de Pere Aragonés, Concordia Real Española señala que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y coordinador de ERC habría incurrido en un delito de «injurias y calumnias contra la Corona, representada en las personas de sus actuales monarcas, Reyes y ascendientes eméritos» por unas declaraciones del pasado 18 de julio en las que afirmaba que «los Borbones son una organización criminal» y «la Monarquía sólo puede ser corrupta por definición». «Se trata de expresiones ofensivas, impropias, injustas y oprobiosas que evidencian un absoluto menosprecio al Rey y la destrucción del prestigio de la institución que encarga su persona, afectando al núcleo íntimo de su dignidad», dice la denuncia presentada ante la Fiscalía. Consideran que estas declaraciones no caben en la libertad de expresión porque tienen un «ánimo propio, específico y doloso» que supera «el límite de la mera crítica o comentario». Aragonés pronunció aquellas palabras con motivo de un viaje de los Reyes a Cataluña, como ocurrió en el caso de la también denunciada Ana Pontón, que con motivo de la visita oficial a Santiago de Compostela por la festividad del Apóstol Santiago, el 25 de julio, afirmó que «no hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real». «No vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción», dijo la líder del BNG, en unas afirmaciones que, a juicio de los denunciantes, constituyen «una verdadera injuria grave contra el Jefe del Estado». Con argumentos similares, Concordia Real Española ha puesto en manos de la Fiscalía a la presidenta del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía porque el pasado 8 de julio llamó «ladrón» tanto a Don Juan Carlos como a Felipe VI y dos días después, afirmó que «la Monarquía es corrupta hasta el tuétano». No era la primera vez. Ya en junio les llamó «parásitos». «No es libre expresión» «Nos encontramos ante expresiones tan graves, injustificadas, obscenas, deshonestas, indignas, insultantes y atentatorias a la institución y a la persona que encarna que necesariamente causan una grave vejación injusta», denuncia la organización. Su portavoz, Mariana Gasset, avanza que Concordia Real Española tiene el compromiso de emprender denuncias frente a todos los ataques que detecten a la Monarquía y sus representantes, especialmente si quienes las profieren ostentan cargos de representación e invitan a «todos los ciudadanos libres e iguales» a sumarse. «Entendemos que es deber de todos los españoles defender las instituciones que garantizan nuestra convivencia», añade Gasset. No obstante, no será tarea fácil. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario recuerdan la complicación de perseguir los delitos de injurias a la Corona habida cuenta de la doctrina del tribunal de Estrasburgo, que en 2018 condenó a España a indemnizar a dos individuos sentenciados a 15 meses de cárcel eludibles con multa de 2.700 euros por quemar fotos del Rey en una protesta en Gerona. Para el Tribunal de Derechos Humanos, aquel gesto no fue un ataque al Jefe del Estado sino una «crítica» y su doctrina es la que rige ahora en los tribunales españoles. «Expresiones tan sumamente graves no pueden verse atemperadas por el contexto político e ideológico en el que se pronuncian por tales sujetos activos, en calidad de autores directos y materiales», argumentan por contra, los denunciantes, que insisten en que las declaraciones de Aragonés, Pontón y Rodríguez, dado que por su condición de representantes públicos tienen amplia repercusión, son claros ejemplos del 490.3 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a dos años de prisión para quien «vertiese calumnias o injurias graves contra el Rey, la Reina, sus ascendientes o descendientes en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas».
FUENTE DIARIO ABC: