Sanidad desconoce el número de inmigrantes irregulares que están cumpliendo cuarentena en España o que han sido sometidos a ella desde que la medida se hiciera obligatoria. «El Ministerio de Sanidad coordina
para evaluar la situación, pero la competencia es de las comunidades autónomas y, desgraciadamente, hay que llamar a las 17 comunidades autónomas para lo que queremos saber a nivel periodístico», es toda la explicación que el departamento que dirige Salvador Illa ofreció en respuesta a las preguntas de este diario, que pretendían despejar cuántos confinados, dónde y con qué grado de contacto con el Covid-19 se han manejado hasta la fecha. También se pedía la cifra de los que han escapado de los centros en que habían sido aislados en condiciones de vigilancia a veces muy precarias y que a esta hora deambulan «pudiendo estar dejando a su paso un reguero de rebrotes por culpa de que esto no se ha tomado como lo que es: un asunto de Estado». Lo dice Javier Celdrán, consejero de Presidencia y Hacienda de Murcia, primera región que se rebeló contra la decisión unilateral del Gobierno de Pedro Sánchez de declarar que la cuarentena de los inmigrantes irregulares es materia sanitaria –lo que le ha permitido despojarse toda responsabilidad y cargarla en la espalda de las autonomías– y no política migratoria, lo que por el contrario hubiera forzado a la Administración Central a ocuparse de estos confinamientos, puesto que la inmigración es competencia exclusiva del Estado (Artículo 149.1.2ª de la Constitución). A golpe de protocolo El Estado decide sobre las reglas de entrada, residencia o expulsión, ha liderado la gestión de las avalanchas de 2018 improvisando espacios –como la entonces no estrenada cárcel de Archidona, que se habilitó para albergar cientos de argelinos–, reordenando los puertos de desembarco, ingresando en CIE a los repatriables… Pero ahora, en un momento de fácil alarma social por el miedo al virus, Sánchez ha pensado que custodiar a los inmigrantes sospechosos de contagio o asintomáticos es cosa de las comunidades. Conviene subrayar que ni Murcia, ni tampoco Andalucía o Canarias, que se han sumado a los reproches al Gobierno por encajarles esta competencia impropia, se oponen a hacerse cargo de quienes llegan en las pateras enfermos de Covid-19. «La única competencia de la Junta de Andalucía es la atención sanitaria de los positivos sintomáticos y vía protocolo no se pueden cambiar esas competencias», precisa el gobierno de Juan Manuel Moreno a este diario, haciendo referencia a los criterios de actuación que les mandó la Secretaría de Estado de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, con «alevosía y nocturnidad», denuncia Murcia, puesto que el documento se publicó el mismo fin de semana en que sus costas se veían desbordada por la llegada de decenas de pateras con 454 inmigrantes a bordo. El texto entregaba a las autonomías la responsabilidad de «disponer de sus propias capacidades de acogida para casos positivos, aislados o cuarentena», amén de la de detectar esos contagios. Es preciso recordar que, cuando a mediados de mayo se impusieron estos confinamientos, los inmigrantes cumplían los tres primeros días en calabozos de las comisarías. En Canarias ha se han dispuesto 27 espacios para este fin. La orden prohibe mezclar a integrantes de unas pateras y otras, y lo peor está por venir puesto que la presión migratoria más alta se centra en septiembre y octubre, meses en las que, además, muchos de esos lugares –colegios, pabellones…– tendrán que recuperarse para el comienzo de la actividad . El presidente el archipiélago, Ángel Víctor Torres, socialista, lo ha hecho saber al Ejecutivo, al que ha planteado «un protocolo de cogestión» que está por ver, donde se salva a la región de gastar los fondos Covid en las cuarentenas de inmigrantes, como se les ha sugerido, y el Estado pondrá infraestructuras propias en las islas para acogerles. En cualquier punto del mapa Murcia, relata Javier Celdrán, está teniendo peor suerte puesto que Pedro Sánchez, a través del delegado del Gobierno en la región, les ha negado expresamente el uso de instalaciones de Defensa vacías, por ejemplo en el puerto de Cartagena. «Es un absoluto disparate como están gestionando esto, incumpliendo su obligación legal de colaborar con nosotros… al margen del conflicto sobre si el confinamiento es sanitario, si es de las Comunidades Autónomas o no… podemos dudar, pero no nos pueden estar negando la colaboración y la coordinación». Murcia, añade el consejero, ha tenido que climatizar con su dinero un pabellón para 120 confinados y alquilar un hotel con 300 habitaciones, el Cenajo, amén de contratar vigilancia privada para mantener la seguridad en todas las instalaciones habilitadas, puesto que «les pedimos que se nos dotara de Policía Nacional o Guardia Civil» –dice– y se les denegó. Fuera sí se desplegaron dos agentes de la Benemérita por centro. Cuando se produjo la primera fuga de 50 inmigrantes que habían estado en estrecho contacto con contagiados por Covid del pabellón Cabezo Beaza de Cartagena, se reforzó con dos guardias civiles más. Sólo se ha localizado a 15 huidos. El resto, y los que se han escapado después de este y otros edificios –Cádiz, Granada…– pueden estar en cualquier punto del mapa. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Murcia, su secretario general, Juan Montalbán, denunció que están cumpliendo estas vigilancias en exteriores «a 35 y 40 grados» y turnos de hasta diez horas, y que en momentos críticos como las fugas, hay zonas que se quedan sin patrullas de seguridad ciudadana. La AUGC, como otras de las fuentes aquí citadas, avisan de que la improvisación del Estado al abordar el binomio inmigración-Covid «está sembrando odio en algunos sectores».
FUENTE DIARIO ABC: