El bloque de diputados de Elisa Carrió amplía esta tarde su denuncia contra senadores K por no acatar la cautelar de no innovar sobre la situación de los jueces Pablo Bertuzzi
y Leopoldo Bruglia a la “ilegalidad” que significa echar a miembros del jury de enjuiciamiento de fiscales que aún tiene mandato vigente.
Este nueva denuncia se debe a que los senadores oficialistas adelantaron que la semana próxima harán caducar el mandato de Mario Laporta en ese jury clave, pese a que tiene mandato para tres años más. Así los K buscan controlar el jury en el que quieren enjuiciar al procurador general interino Eduardo Casal y a cualquier otro fiscal.
El diputado de la CC-ARI Juan López adelantó a Clarín que apenas la denuncia termine de ser firmada por sus colegas, la presentará ante el juez Casanello.
Ayer, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI había presentado una denuncia por desobediencia a la Justicia contra los senadores K que avanzaron en la comisión de Asuntos Constitucionales en la revisión de los traslados de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia y rechazaron de “forma ilegal” la medida cautelar dictada por la jueza María Alejandra Biotti. La denuncia quedó este jueves por sorteo en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal que esté de turno.
“Interponemos formal denuncia penal contra los señores/as senadores/as integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales del H. Senado de la Nación que, en la reunión de dicha comisión llevada a cabo el día 18 de agosto pasado, hayan votado afirmativamente ¨el rechazo a lo dispuesto por la jueza María Alejandra Biotti, que ordenó al Senado se abstuviera de tratar los pliegos de traslado de dos magistrados”, señala la denuncia a la que accedió Clarín. Es por la posible comisión del delito de desobediencia a la autoridad tipificado en el artículo 239 del Código Penal de la Nación. La votación fue apoyada por los senadores K Mario Pais y Anabella Fernández Sagasti, entre otros.
La denuncia está firmada por los diputados Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Mariana Stilman.
La cautelar había sido dispuesta a favor de los miembros de la Cámara Federal porteña, Bruglia y Bertuzzi a quien el kirchnerismo quiere remover de sus cargos porque confirmaron procesamientos contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. La revisión fue pedida por la mayoría Kirchnerista del Consejo de la Magistratura con el voto de la diputada Graciela Camaño.
La denuncia del bloque de Carrió recordó que en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación desarrollada el pasado 18 de agosto, “se avanzó en la desobediencia de la sentencia de la justicia federal puesto que, ilegalmente, se aprobó una resolución en la que se resolvió el rechazó lo dispuesto por la jueza María Alejandra Biotti, que ordenó al Senado se abstuviera de tratar los pliegos de traslado de dos magistrados”.
La aprobación de dicha resolución denota “el primer acto de desobediencia de la sentencia mencionada —que impuso una medida cautelar— puesto que, al día siguiente de ello, se publicó en el Boletín Oficial el ingreso de los mensajes del Poder Ejecutivo por los que se solicitó el acuerdo de los traslados de los magistrados Bertuzzi y Bruglia, y se convocó a una audiencia pública para continuar con el procedimiento de designación”.
Consecuentemente, “resulta evidente que la aprobación de la resolución rechazando lo dispuesto por la jueza María Alejandra Biotti fue el inicio del procedimiento para tratar los pliegos de los mencionados magistrados, en clara violación de la medida cautelar vigente”, agregó la denuncia.
Esa resolución emitida por el Senado “es absolutamente incompatible con el sistema republicano de gobierno contemplado en la Constitución Nacional y, además, evidencia la comisión del delito de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal por parte de aquellos/as senadores/as que la hayan votado”.
La desobediencia de una sentencia judicial por parte de “algunos integrantes del Poder Legislativo, tal como ocurrió en la mencionada reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, implica un hecho de extrema gravedad institucional que atenta contra la Constitución Federal y el sistema republicano allí consagrado, y coloca a sus responsables frente a la comisión de ilícitos penales”, finalizó.
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