Los tres representantes del PSOE en la Mesa del Congreso han cambiado el paso y han decidido no salvar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, de la posibilidad de dar explicaciones ante
la Cámara Baja por la imputación de su partido. PP y Cs solicitaron su comparecencia y los letrados de la Cámara han concluido que esta petición es reglamentaria. Los socialistas podían haber ignorado el criterio de los servicios jurídicos y librado a Iglesias de tener que dar explicaciones, como hicieron cuando la oposición solicitó que rindiera cuentas por el «caso Dina». Sin embargo, no ha sido así. El partido de Pedro Sánchez votó a favor de que la iniciativa continúe su tramitación posicionándose junto a los populares y Vox. Podemos, en cambio, votó en contra ignorando, una vez más, el criterio de los letrados y quedándose solo dentro de la Mesa de la Cámara. Ahora será la Diputación Permanente la que decidirá el próximo martes si Iglesias debe comparecer o no. Este órgano sustituye al pleno entre los periodos de sesiones y está integrado por 68 diputados que replican la aritmética del hemiciclo. Ante Asuntos Sociales A pesar de que la petición de comparecencia de Iglesias sigue adelante, lo hace con modificaciones. El PP había solicitado que el vicepresidente segundo explicara la imputación de su partido ante la Comisión para la Calidad Democrática que preside el cofundador de Podemos Íñigo Errejón. Esta petición tiene sentido lógico ya que las explicaciones que los populares piden se refieren exclusivamente a presuntos delitos de corrupción. Sin embargo, los letrados de la Cámara propusieron derivar la solicitud a la Comisión de Asuntos Sociales por ser ésta la materia sobre la que Iglesias tiene competencias de gobierno. PSOE y Podemos sí estuvieron de acuerdo en este punto y la modificación fue introducida, a pesar de que los diputados de este órgano no están especializados en temas de corrupción. Esta decisión abre ahora el debate sobre cuál es el papel que debe jugar la Comisión para la Calidad Democrática. Un órgano parlamentario que tiene entre sus funciones luchar contra la corrupción e impulsar las reformas institucionales y legales necesarias para acabar con esta lacra. Sus portavoces sí están especializados en delitos de corrupción y en lo que va de legislatura aún no se han reunido más que para acordar su constitución. La Comisión para la Calidad Democrática se creó durante la segunda legislatura de Mariano Rajoy, en un ambiente de creciente desafección entre la ciudadanía y la clase política. El reto sigue pendiente ya que los líderes son, según el CIS, una de las grandes preocupaciones de los españoles. Y en parte, porque sus decisiones y actuaciones generan una elevada desconfianza, según declaran a los encuestadores.
FUENTE DIARIO ABC:
