El caso Dina, la denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente y el nuevo paso en el Tribunal de Cuentas presagian un otoño muy caliente para Podemos en los juzgados. La
Fiscalía del organismo de control de las cuentas del Estado ha emitido un informe en el que solicita que se judicialicen las irregularidades detectadas en la contratación de servicios de consultoría por parte de Unidas Podemos en la campaña electoral de 2019 al apreciar «indicios de la comisión de un delito de falsedad en documento mercantil» y de «un delito electoral». El fiscal jefe Miguel Ángel Torres remitió a la Sección de Judicialización del órgano contable un escrito, datado el pasado 27 de julio, en el que califica lo auditado como «indicios sugerentes de responsabilidad penal». Se refiere a 290.000 euros que Unidas Podemos pagó por servicios de la consultora Neurona Comunidad, la misma que está bajo la lupa de un juez de Madrid debido a la denuncia del exabogado del partido José Manuel Calvente que la sitúa como una tapadera. Tras analizar tanto el informe de fiscalización como las alegaciones de la coalición electoral, el fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas apunta que pudo haber delito. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas emitió ayer un comunicado en el que recordaba que una vez apuntados los indicios, la «necesaria y ulterior investigación para determinar si tales irregularidades tienen relevancia penal corresponde a la Fiscalía competente por razón de la materia y del territorio», dado que el Tribunal de Cuentas no tiene competencias en materia penal. Por eso, previsiblemente, el asunto será remitido a la Provincial de Madrid y podrían acumularse a las diligencias que ya sigue el juzgado 42 de la capital, donde la consultora está en el punto de mira. Primer aviso El Tribunal de Cuentas, durante su fiscalización de los gastos electorales de los partidos para la campaña de las elecciones generales del 28 de abril de 2019, se topó con que la coalición había imputado a las arcas públicas servicios de Neurona Comunidad por importe de 363.000 euros que no estaban del todo justificados y requirió más información. La respuesta que dio Unidas Podemos fue «un contrato de prestación de servicios por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019», pero el hecho es que la factura correspondiente a ese contrato se había emitido un mes antes, el 5 de abril de 2019. Es decir, la formación de Pablo Iglesias habría recibido facturas por una serie de servicios de asesoría sin que mediara un contrato que los estipulara, conforme resume el escrito del fiscal del Tribunal de Cuentas adelantado por la Cadena Ser. Ese contrato posterior aportado en alegaciones por Unidas Podemos, recogía «los mismos conceptos» que constaban en la factura, sin la valoración individualizada de lo contratado que pedía el Tribunal de Cuentas. Y aunque la coalición aportó vídeos y cartelería que justificarían la contratación, para el fiscal «no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor». Las pesquisas apuntan así a que esos trabajos que querían imputar a las subvenciones electorales que recibe el partido podrían no corresponderse en realidad con servicios prestados. El fiscal, en línea con lo denunciado por el abogado purgado en Podemos, José Manuel Calvente, destaca también que esa sociedad, Neurona Comunidad, se constituyó en marzo de 2019, apenas unas semanas antes de la factura, y su objeto social no coincide con las prestaciones contratadas por Unidas Podemos, ya que se inscribió en el Registro Mercantil de Sevilla para «la adquisición, tenencia, disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y de cualquier tipo de títulos y activos financieros, pudiendo, en general, realizar toda clase de actividades de inversión mobiliaria». Tal y como informó ABC, en la actualidad no tiene administrador, porque el fundador, el abogado de Carmona (Sevilla) Elías Castejón, que constituyó la sociedad por encargo de dos socios mexicanos, César Hernández y Andrea Edlin López, vinculados a la versión latinoamericana de esta consultora, Neurona Consulting, dimitió sin que se nombrase sucesor. Es una situación atípica que contraviene además la Ley de Sociedades de Capital, dado que la empresa investigada no tiene actualmente nadie al frente. . No son «gasto electoral» En su informe inicial sobre los gastos de campaña de Unidas Podemos, el Tribunal de Cuentas señaló «gastos por operaciones ordinarias por importe total de 290.727,41 euros cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral» y que por tanto, no fueron admitidos como susceptibles de ser sufragados con subvenciones públicas. La formación alegó que no era un trabajo de consultoría porque el objetivo era «la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos y la producción de material de carácter electoral», pero, como explicaba el Tribunal de Cuentas y recoge ahora el fiscal, «la elaboración de las líneas estratégicas de precampañas y campaña» se consideran «trabajos de naturaleza preparatoria» que no cubre la ley electoral. Será la fiscalía ordinaria quien dirima si hay indicios de delito.
FUENTE DIARIO ABC:
