Aspiraba a gravar con 15 millones de euros al año la inactividad que había dejado un vacío en la comarca burgalesa de las Merindades, pero, al final, el impuesto a Garoña destinado
a reactivar la zona ha derivado en un perjuicio económico de un millón para las arcas autonómicas. Son los intereses que la Junta de Castilla y León ha tenido que abonar a Nuclenor una vez fue anulado por el Tribunal Constitucional la tasa al almacenamiento temporal de residuos en la central nuclear por incurrir en una doble imposición al ser «coincidente» con la política fiscal que ya aplicaba el Gobierno sobre estos materiales. Tan sólo 18 días después de que el Constitucional pusiera punto y final a este impuesto de corto recorrido la Junta ya afrontó el pago de 27, 9 millones de euros a Nuclenor, propietaria de la central y participada por Endesa e Iberdrola, además del citado millón de euros en intereses generados por ese tributo anulado y que entró en vigor en 2018, según han informado desde la Consejería de Economía y Hacienda. Lo hizo meses después de que la central nuclear se apagara para siempre. Se desconectaba definitivamente de la red eléctrica tras años de un auténtico culebrón lleno de tiras y aflojas entre la empresa y el Gobierno desde las dudas sobre su continuidad durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. En 2012 Nuclenor decidiría parar el reactor ante unos impuesto que entraban en vigor con el año nuevo y que quería evitar asumir. Aunque por momentos parecía que la planta tenía alguna oportunidad de volver a estar activa, el 1 de agosto de 2017 cerraba sus puertas dejando atrás 41 años de historia y mil puesto de trabajo vinculados ala actividad en el aire. Con ánimo de reactivar la zona, la Junta, presidida entonces por Juan Vicente Herrera, impulso la inclusión de un nuevo hecho imponible sobre los impuestos de afección medioambiental que no estuvo exento de polémica. Salió adelante con el apoyo sólo de los populares, que le dieron luz verde en las Cortes a la modificación normativa que lo posibilitaba con los votos en contra de PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos y Grupo Mixto. El cambio comenzó a aplicarse ya en los dos últimos meses de 2018 sumándose esta tasa por el almacenamiento temporal de residuos radiactivos -que sólo podía aplicarse a Garoña al ser la única central nuclear en la Comunidad- a los gravámenes medioambientales que ya estaban en vigor y que gravaban los efectos de determinados aprovechamiento de agua embalsada, parques eólicos e instalaciones de energía eléctrica de alta tensión. Recurso Poco duró la calma. Desde el principio, la Secretaria de Estado de Hacienda ya advirtió de la irregularidad del tributo. y en agosto de 2019 el Gobierno, que ya gravaba la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos, inició el procedimiento judicial contra el impuesto autonómico a Garoña presentando un recurso de inconstitucionalidad, al entender que eran «lo mismo» y ello estaba prohibido de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. En julio de este año el Constitucional daba la razón al Gobierno. Y contra los criterios de la Comunidad que apuntaban a que el hecho imponible era distinto, el TC falló que la finalidad de ambos era «coincidente» y que «lo gravado es lo mismo: el almacenamiento en la propia central de este residuo de alta actividad, en atención al riesgo que supone y los costes de gestión que conlleva» y en consecuencia se «intentaba soslayar la prohibición» anteriormente expuesta. Con el abono de lo recaudado, la Junta pone fin a su tensa relación con Nuclenor, que había iniciado también un proceso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Está previsto que en 2021 comience el desmantelamiento de la central, que se prolongará durante diez años.
FUENTE DIARIO ABC: