Protestas de policías de la Bonaerense en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones sanitarias

sede de la Jefatura de La Plata para pedir aumentos salariales.

Como ocurre cada vez con más frecuencia y por los motivos más variados, la convocatoria fue por las redes sociales. Una cuenta de Facebook administrada por ex integrantes de la fuerza (Policías Reclamando) que tiene más de 40 mil seguidores hizo punta en la iniciativa. Y también adhirió –aunque con matices- una ONG que tiene UN nombre ambicioso: el Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA).

Hubo concentraciones focalizadas en esquinas de distritos del conurbano. Se reportaron protestas en la esquina de avenida Espora y Diagonal Brown, de la localidad de Adrogué; en Morón, Ituzaingó, Merlo entre otros puntos que se pudieron ver reflejados en videos que se publicaron en las redes sociales.

El planteo: aumento salarial, actualización de las horas “Cores” (extras) congeladas desde mediados del año pasado, insumos para prevenir la emergencia sanitaria y bonificación por mayores actividades como consecuencia de la pandemia en la Provincia.

Según explicó a Clarín el secretario de SIPOBA, Nicolás Masi, un agente que inicia su carrera en la fuerza cobra 34 mil pesos. Piden un mínimo de 60 mil para esa categoría. Esa también era la postura del llamado a través de Facebook y por los grupos de Whatsapp.

Las protestas arrancaron casi en simultáneo en los distintos lugares de concentración:  empezaron poco despues de las 14 y continuario por varias horas.

La ONG hizo una presentación de un nuevo diagrama salarial ante las autoridades del Ministerio de Seguridad. En despachos cercanos al responsable del área, Sergio Berni, admiten que existió la protesta aunque la consideraron “mínima”.

No obstante, hubo algunas directivas de autoridades superiores para advertir sobre eventuales sanciones ante una “adhesión activa” a una medida de fuerza. Las normas internas prevén hasta la “desafectación del servicio” por sumarse a este tipo de iniciativas.

La modalidad fue de “retención de tareas”, “ruidazo” y acompañamiento de familiares. Eso ocurrió frente a la sede de la Jefatura, en 2 entre 51 y 53 de la capital bonarense. Allí sólo había integrantes de las familias y agentes de civil o retirados. Ningún uniformado. Pero en el AMBA profundo se sumaron patrulleros y oficiales que estaban en servicio. O al menos conducían esos móviles y filmaban los bocinazos y “sirenazos”.

Es que la Bonaerense, principal fuerza de seguridad civil armada, con más de 90 mil hombres y mujeres entre su plantel tiene restringida la “sindicalización”. Aunque hubo planteos judiciales, la Suprema Corte provincial rechazó ese pedido. Con una estructura de mando verticalista y considerada “servicio público esencial”, los integrantes de la institución no tienen posibilidades de realizar huelgas.

Los planteos de los subordinados llegan cuando el Poder Ejecutivo instaló la inseguridad ciudadana en la agenda del gobierno.

Alberto Fernández anunció un plan de medidas que incluye la inversión de casi 12 mil millones de pesos para la compra de insumos y el refuerzo de 4.000 Gendarmes para las zonas calientes de delitos en el GBA. También mientras siguen los cruces entre Berni y algunos integrantes del gabinete nacional por posturas diferentes acerca de la actuación ante la toma de terrenos y otros matices ya conocidos y reiterados con su colega nacional, Sabina Fredric.

También cuando el gobierno de Axel Kicillof tiene congeladas las paritarias con los sectores de empleados estatales. Hace una semana, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, dijo en el programa Lado P, en Infocielo TV, que “no hay posibilidades de aumentar sueldo este año”.

No obstante, en el Ministerio de Seguridad admitieron que “no está cerrada” esa variante. Al menos para el sector policial. El último aumento que recibieron los integrantes de la fuerza se recibió en noviembre de 2019. Y las horas extras para los agentes están congeladas en 50 pesos desde mediados del año pasado.

De acuerdo con esa escala salarial, el oficial ayudante cobra de bolsillo 34.700 pesos. Un comisario percibe 72.500 y un superintendente (máximo rango del escalafón) 157.900.

AFG