El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha decidido, tras hablar con la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, reemplazar a los fiscales a cargo del caso Villarejo para tomar declaración
al exabogado de Podemos José Manuel Calvente sobre la pieza separada que afecta al vicepresidente Pablo Iglesias y a su exasesora Dina Bousselham, según informan a ABC en fuentes jurídicas. Se trata de una decisión sin precedentes en esta macrocausa y genera controversia entre los propios fiscales del cuerpo de Anticorrupción, pues mientras unos lo ven como un espaldarazo a los titulares de la causa, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, otros interpretan esta decisión, de la que se hace responsable último el propio Luzón, como un error que les desautoriza y puede ser un primer paso para apartarles del asunto. Oficialmente, se explica esta decisión por el alcance político que ha adquirido esta pieza separada en la que Iglesias empezó de perjudicado y acabó bajo sospecha de dos delitos. La reciente admisión de Vox como acusación popular y el hecho de que Calvente tenga denunciado a Podemos por malversación refuerzan la tesis. Sin embargo, hay más implicaciones. Calvente fue expulsado del partido bajo una acusación de acoso a la también abogada de Podemos Marta Flor que no prosperó en los tribunales. Para defenderse, el letrado alegó que la denuncia obedecía a una venganza: Flor presumía de tener una relación más allá de lo profesional con el fiscal Stampa y cuando Calvente avisó de este asunto a su jefa, la apartó como abogada del partido en el caso Villarejo. Vox, querellante y acusación Su estrategia, que trascendió a los medios, acabó dañando la imagen del funcionario, pese a que la Inspección Fiscal, que investigó el asunto, le eximió responsabilidad disciplinaria. No obstante, una vez se archivó la denuncia por acoso, comenzaron a filtrarse en prensa baterías de chats del equipo legal de Podemos al que Calvente y Flor pertenecían. Las conversaciones mostraron, por un lado, que ella alardeaba de relación estrecha con el fiscal -llegó a reconocer que se había pasado de «bocazas»-, y por otro, que daba a entender que obtenía de él información secreta de la causa. La Fiscalía de Madrid investiga a Stampa por esa supuesta revelación de secretos y VOX, además de entrar en el caso Dina como acusación, se ha querellado contra Flor y contra él, acusándole de connivencia con Podemos. Se da la circunstancia además de que Marta Flor sigue siendo la abogada de Dina Bousselham en este procedimiento, es decir, está convocada a esa testifical de Calvente que se desarrollará por videoconferencia desde Barcelona a partir de las nueve y media de la mañana. Con esta perspectiva de tener a Stampa, Flor, Vox y el abogado del principal investigado, José Manuel Villarejo, en la misma sala con Calvente al micrófono, Luzón ha dado el paso de reemplazar a los fiscales previa conversación con Delgado, de acuerdo a las fuentes consultadas. Quienes consideran que se trata de un espaldarazo, lo hacen interpretando que el jefe va a soportar una sesión que se prevé tensa y que a priori, puede tender a salirse del objeto de la cita: esclarecer si como dice el exabogado de Podemos, el caso Dina fue un montaje. Por contra, las fuentes fiscales consultadas por este diario que critican la decisión entienden que apartarles del interrogatorio les sitúa en una posición de debilidad y en vez de mandar un mensaje de apoyo, vuelve a sembrar la sombra de la duda. Plantean otras fuentes además, hasta qué punto ha intervenido Delgado en esta decisión y si puede interpretarse como un primer paso para apartar a los fiscales del caso Tándem, una causa incómoda para ella desde que se difundieron los audios de una comida con Villarejo en la que participó siendo fiscal. Señalan que Luzón podría haber optado por una vía intermedia: que sólo acudiese Serrano o acudir con ambos para cerrar filas. Esta macrocausa se abrió en 2017 y ya tiene cerca de una treintena de piezas separadas, tres de ellas enfiladas a juicio, que afectan a empresas del Ibex, altos cargos políticos y mandos policiales, entre otros. Villarejo va camino de tres años en prisión provisional.
FUENTE DIARIO ABC: