Sin multas hasta que las medidas no sean ratificadas por los jueces, pero sí con capacidad para impedir el tránsito de personas. La ciudad de Madrid y otros nueve municipios de más
de 100.000 habitantes (Parla, Fuenlabrada, Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Getafe, Alcorcón, Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares) restringieron a partir de las 22 horas de ayer sus accesos después de que la orden dictada por el Ministerio de Sanidad fuera publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM). Así, más de 1.000 agentes pertenecientes a los distintos cuerpos implicados (Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal y los efectivos locales aportados por el resto de ciudades señaladas) vigilan ya los límites señalados para controlar la movilidad de los casi cinco millones de habitantes afectados. Uno de los objetivos primordiales, en estas primeras horas, no es otro que el de evitar una salida en masa de la población a segundas residencias, como ya ocurriera meses atrás en pleno estado de alarma. Suprimidas las 45 zonas básicas de salud impuestas por el Gobierno de Ayuso, los agentes desplegados han dejado de chequear el tránsito interior y se centran ahora en las grandes vías de acceso a Madrid (A-1, A-2, A-3, A-4, A-5 y A-6). Fuentes policiales explican a este periódico que estos puntos son clave para prevenir desplazamientos no autorizados, «puesto que la normativa no permite parar en las zonas restringidas pero sí atravesarlas, por lo que carece de sentido establecer controles en otras carreteras como la M-40». Al igual que sucedió durante el estado de alarma, los «checkpoints» van a ser dinámicos y aleatorios para «evitar grandes colapsos», habida cuenta de que solo en la capital se registran a diario «alrededor de dos millones y medio de movimientos». Según las fuentes consultadas, el problema de este «confinamiento» es que «no es un confinamiento como tal», lo que complica, y mucho, el objetivo del mismo: «No es una medida realista», inciden, con la esperanza de que un alto porcentaje de ciudadanos sea responsable y acepte las órdenes para frenar el alto número de contagios. Con todo, los encargados de hacer cumplir las restricciones avisan: «No se puede viajar a segundas residencias». Se da la circunstancia de que todos los municipios señalados cuentan con al menos una comisaría de Policía Nacional, lo que permite un mayor reparto de los efectivos por todo el territorio madrileño. Ello implica que la Guardia Civil pueda establecer controles en cualquier enclave de la región, más allá de que estos se encuentren en las zonas recluidas: «Que nadie se extrañe si le paran a la entrada de Navacerrada». Precisamente, en esta localidad serrana el Ayuntamiento ha cerrado el acceso con vehículos al Valle de la Barranca, entre otras medidas: «En consenso con la Policía Local y los servicios generales, por tu salud y la de todos, se dejarán abiertos únicamente los dos accesos principales a Navacerrada: Avenida de Madrid (M-601) y por Colmenar Viejo (M-607)». La previsible desbandada en estos primeros días ha puesto también en alerta a pequeños pueblos de la Sierra Norte y otros lugares que, en algunos casos, llegaron a triplicar su población por la crisis del Covid. «Todavía es pronto para hacer un balance, pero sí podemos asegurar que este año el verano se ha alargado y aún queda gente que está teletrabajando», explica a ABC la alcaldesa de Madarcos y presidenta del Grupo de Acción Local de la Sierra Norte de Madrid (Galsinma), Eva Gallego. Este aumento poblacional –recuerda– afecta sobremanera a los servicios públicos, diseñados para cubrir las necesidades del censo habitual: «Al ser municipios muy pequeños, es normal que surjan problemas en cuestiones como la gestión de residuos o la asistencia sanitaria». Dos personas, ayer por la tarde en Madrid, transportan grandes maletasAyer en la capital, no era extraño encontrar a personas cargando maletas antes de poner rumbo a otros enclaves libres de restricciones. El hecho de que la nueva normativa no entrara en vigor hasta las diez de la noche provocó que algunos conductores aprovechasen las últimas horas para marcharse fuera sin riesgo de ser cazados. Cabe recordar que para entrar o salir de los municipios confinados es necesario justificar el desplazamiento, sea este por motivos laborales, citas médicas u otra razones de fuerza mayor. El dispositivo para impedir la desobediencia de la orden de Sanidad está dividido en dos partes: por un lado, dentro de Madrid la Policía Municipal es la encargada de vigilar el cumplimiento de los aforos, las horas de cierre y el resto de medidas orientadas al comercio, con especial hincapié en aquellos dedicados a la hostelería, que solo pueden estar abiertos hasta las 23 horas. Lo mismo ocurre con los cuerpos locales de las otras nueve ciudades. La segunda parte queda en manos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, requeridos para controlar la movilidad en las carreteras y otros espacios marcados por el gran tránsito de personas. De esta forma, en las estaciones de Atocha y Chamartín se realizará un especial seguimiento para regular el acceso a los AVE y trenes de media y larga distancia. Una situación que no se repetirá en el aeropuerto de Barajas, que mantiene los tres filtros actuales –los pasajeros deben rellenar un documento con los datos de localización en España y si han pasado o no la enfermedad, además de superar un examen de temperatura y otro visual– puestos en marcha el pasado mes de junio. La llegada de turistas ha estado en el ojo del huracán desde entonces, más si cabe, después de que un informe epidemiológico elaborado en agosto por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid demostrase que solo el 3,3% de los positivos importados a través de la base se habían detectado en sus instalaciones. «Desde mañana podrás llegar a Madrid desde Berlín pero no desde Parla», tuiteó ayer, no sin ironía, la propia Ayuso.
FUENTE DIARIO ABC:
