El vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias hizo «un uso torticero del procedimiento penal» y «fingió ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente
pocas semanas antes de unas elecciones generales» . Es la conclusión a la que ha llegado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tras dos años de investigación en torno al robo del móvil de la asesora de Iglesias Dina Bousselham, cuyos contenidos aparecieron en poder del comisario Villarejo y pasaron, al menos, por dos medios de comunicación. El instructor ha pedido al Tribunal Supremo que impute a Iglesias por delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género y daños informáticos por su gestión de la tarjeta, pero no sólo. Le atribuye acusación o denuncia falsa y/o simulación delito porque ordenó a sus servicios jurídicos seguir adelante con la tesis de la cloaca a sabiendas de su «falsedad». El juez ha llegado a la conclusión de que Iglesias sabía desde el principio que los pantallazos publicados por «OkDiario» que le dejaban de machista los había enviado Bousselham: tuvo la tarjeta del móvil sustraído en su poder durante meses y la consultó, así que pudo ver, como vio la Policía, que las capturas estaban en la carpeta de «elementos enviados». De hecho el juez dice que «por eso, probablemente», se la devolvió «inservible». Una estrategia «consciente» Con este punto de partida, el juez razona a lo largo de 63 páginas que hubo una «consciente y planificada actuación falsaria» para obtener «rédito electoral» en dos fases. Primero, en la justicia ordinaria. Sostiene que Iglesias ordenó a la jefa del equipo legal de Podemos, la actual vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que ampliase la denuncia por el robo del móvil cuando se publicaron los pantallazos a sabiendas de que el origen era «una filtración interna». Ella, teniendo la misma información, puso a trabajar a los abogados Raúl Carballedo y Marta Flor, que recurrieron hasta que la Audiencia Provincial cerró la puerta. Pide al Supremo que impute a los tres. Palabra de Sánchez: «Pedro Antonio Sánchez, imputado por la Púnica. Mientras, Rajoy sigue sin presentar su dimisión» (26 de mayo de 2017) Después, se trasladó la estrategia a la Audiencia Nacional, cuando en 2018 aparecieron los mismos pantallazos en la documentación intervenida a Villarejo. Iglesias vio «una oportunidad para lograr rédito electoral, aparentando ser víctima» de las cloacas y ordenó a Elizo, a través de Marta Flor, «repetir, de nuevo y a sabiendas de su falsedad, la denuncia» del robo. Solo que esta vez, planteado «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo para publicar información en el contexto de una campaña para perjudicarle». «Los hechos denunciados en esta pieza 10 son una versión exagerada de una tesis que ya se trató de sustentar (…) La única diferencia con relación a la denuncia anterior es la personación de Pablo Iglesias, quien se presenta al proceso como víctima de las llamadas cloacas del Estado pese a saber que los mensajes publicados procedían de filtraciones del propio partido», expone. Desarrolla además la petición de imputación por los delitos que ya apuntó Anticorrupción cuando propuso expulsar a Iglesias del procedimiento. Revelación y daños En cuanto a los daños informáticos, habida cuenta de que faltan diligencias, concluye que se le pueden atribuir, por lógica —cuando se la dieron funcionaba, cuando la devolvió ya no— y porque «no consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta». Sobre la revelación de secretos, para la que pide agravante de género, recuerda que Iglesias reconoció haber constatado el contenido «eminentemente íntimo» de la tarjeta, y aún así se la quedó: ve «acceso no consentido» a los datos y «apoderamiento del dispositivo». Apunta que Bousselham todavía le puede exculpar, porque es un delito se persigue de parte, pero prefiere que lo analice el Supremo. En todo caso, pide investigar también a la exasesora y a su marido por un delito de falso testimonio pues ambos, compareciendo como testigos, «faltaron a la verdad». Ella negó haber enviado los chats y él dijo que no habían recuperado nada de lo robado, pero la instrucción les desmintió. Queda un fleco más. Los únicos imputados eran Villarejo y los periodistas de «Interviú» que, atendiendo a su petición, le entregaron copia del contenido, conforme explica el juez. Desgaja esta parte y les procesa por revelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El papel del Congreso Ahora, si la Sala de Admisiones del Supremo da luz verde, se nombrará un instructor y se solicitará un suplicatorio al Congreso para poder investigar a Iglesias. Un primer paso que deberá ser refrendado por el Pleno. Una negativa no parece una opción, pues la jurisprudencia del Constitucional ya dice que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa, no un «espacio de impunidad»: las Cortes sólo pueden negar la investigación de un diputado si esa causa penal se está usando «con la intención de perturbar su funcionamiento o composición».
FUENTE DIARIO ABC: