El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por delitos de revelación de secretos,
daños informáticos y denuncia falsa, pero también a la que fue responsable de su equipo legal, la diputada Gloria Elizo; a los dos letrados del partido Marta Flor Núñez y Raúl Carballedo y a la exasesora Dina Bousselham y su marido, Ricardo Sa Ferreira, por presuntos ilícitos distintos. En términos generales, la tesis del instructor es que Iglesias orquestó una «estrategia» para defender en los tribunales que había un móvil político tras el robo del móvil de Bousselham y la publicación de parte de sus contenidos «a sabiendas de su falsedad». En la ofensiva habrían participado esos miembros del equipo legal y Bousselham y Sa Ferreira, en tanto que sostuvieron la teoría. Pablo Iglesias, perjudicado y señalado En el caso de Iglesias, el juez le señala por denuncia falsa y/o simulación de delito porque parte de la premisa de que, desde el inicio, conocía el contenido de la tarjeta del móvil robado a Bousselham ya que la tenía en su poder desde enero de 2016. Pudo así comprobar que los contenidos publicados en prensa estaban guardados en una carpeta de «elementos enviados» de una aplicación de mensajería y que la difusión obedecía a una «filtración interna» no a una maniobra de las cloacas para perjudicarle. Sostiene además que existió una reunión en julio de 2016, cuando se publicaron esos contenidos, en la que Iglesias trasladó a Elizo la realidad de la filtración interna y aún así, le ordenó ampliar la denuncia por el robo como «oportunidad» para atacar al diario digital que lo había publicado. De esa reunión habló como testigo en la causa el exabogado de Podemos, José Manuel Calvente, por referencia, ya que no había asistido. El juez apunta además un delito de daños informáticos porque cuando Iglesias recogió la tarjeta de Bousselham en enero de 2016 de manos del presidente del Grupo Zeta, esta funcionaba y ella ha declarado reiteradamente que cuando llegó a sus manos, ya no. No consta, según el juez, que nadie más entrase en contacto con aquel dispositivo y dice, que en todo caso, el Supremo deberá preguntar al vicepresidente qué pasó. Por último, pide al Supremo que le investigue por un presunto delito de revelación de secretos, en tanto que conservó en su poder la tarjeta de Bousselham durante meses conociendo su contenido «eminentemente íntimo». Aprecia aquí que hubo tanto acceso no consentido a datos personales como una aprehensión del dispositivo. Este delito se persigue a instancia de parte, por lo que Bousselham tendrá en su mano la posibilidad de que decaiga. Gloria Elizo Fue la responsable del Equipo Legal de Podemos y en la actualidad, diputada de Unidas Podemos, es la vicepresidenta Tercera del Congreso de los Diputados. El juez pide al Supremo que la llame a declarar por presuntos delitos de acusación o denuncia falsa y simulación de delito porque entiende que «de común acuerdo» con Pablo Iglesias y «a sabiendas del origen de las imágenes publicadas» amplió la denuncia por el robo del móvil y repicó la «estrategia» en el caso Villarejo en la Audiencia Nacional «tratando de simular falsariamente una conexión» entre ambos hechos. «Con conocimiento de su falsedad y temerario desprecio hacia la verdad, atendiendo a lo instado por el secretario General del Partido, Elizo diseña junto con los letrados Raúl Carballedo y Marta Flor Núñez, una estrategia procesal basada en simular la existencia de una conexión temporal y material entre la publicación de las imágenes en el digital en el mes de julio de 2016 y la desaparición de los efectos de Bousselham el 1 de noviembre de 2015», dice la exposición razonada. Marta Flor y Raúl Carballedo El juez les involucra en los mismos presuntos delitos de acusación o denuncia falsa y simulación de delito por su autoría «material» de esa «estrategia» que presuntamente había impulsado Iglesias para sacar «algún tipo de ventaja electoral» de todo el asunto del robo del móvil, primero en los juzgados ordinarios ampliando la denuncia por el robo y luego en la Audiencia Nacional, sosteniendo que la sustracción tenía que ver con un encargo «del Gobierno del PP» a Villarejo para perjudicarle. Dina Bousselham y Ricardo Sa Ferreira En el caso de la exasesora y su marido, el juez pide al Tribunal Supremo que investigue a ambos por un presunto delito de falso testimonio necesario para «la consumación del delito de acusación o denuncia falsa y/o subsidiariamente simulación del delito». Apunta que ambos «faltaron a la verdad» en sus manifestaciones como testigos en sede judicial cuando en marzo de 2019 fueron llamados al procedimiento como perjudicados. Ella, porque negó haber difundido esos pantallazos que aparecieron guardados en la carpeta de «elementos enviados» de la réplica de su móvil que tenía Villarejo. Él, porque afirmó que no había recuperado nada de lo que a ambos les sustrajeron aquel 1 de noviembre de 2015 en Alcorcón, cuando lo que desapareció fue el abrigo de él que contenía la cartera y los teléfonos móviles de ambos.
FUENTE DIARIO ABC:
