La cronología es elocuente.
En julio del año pasado la Corte rechazó varios recursos de queja del ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa Río Turbio y
otras.
En agosto pasado confirmó la condena a Luis D’Elía a 4 años de prisión por la toma de la comisaría de la Boca en 2004.
En setiembre, ratificó la del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, a 5 años y medio de prisión, entre otros ex funcionarios imputados en la causa de la Tragedia de Once.
En diciembre, confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión en el caso Ciccone.
En ese caso, aplicando el artículo 280 del Código Procesal que le permite rechazar recursos sin argumentar por escrito.
Y este jueves, dejó firme una condena a dos años de prisión a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
No aplicó el artículo 280, sino en 12 páginas explicó con criterio pedagógico por qué rechazó un recurso “técnicamente mal hecho”, dijo una fuente judicial.
Las confirmaciones de condenas por corrupción son un señal a la Cristina Kirchner quien tiene 13 recursos de queja en el máximo tribunal.
Y también son un espejo para eventuales condenas de la vicepresidenta en juicios como, por ejemplo, el direccionamiento de contratos de obra pública por 3 mil millones de dólares a favor de Lázaro Báez. O las causas de los Cuadernos de las Coimas, Hotesur y Los Sauces.
La vicepresidenta el año pasado con una de sus cartas atacó a todos los miembros de la Corte e insistió con su teoría del lawfare.
Ante este debate, se sumó el domingo el presidente Alberto Fernández en una entrevista con Página 12.
Se alineó con Cristina y sostuvo:
– Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política. Se construye un escenario judicial en torno a ella que le está haciendo padecer una detención absolutamente impropia.
El problema es que el lawfare no está en el código penal de ningún país.
Y la carta de Cristina unificó a los miembros de la Corte, tras un año de peleas internas.
Y, tras la feria judicial, puso en marcha una “dinámica de trabajo” que hará mover el barco en las próximas semanas.
Sobre todo habrá tormenta política cuando opine sobre si el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, violó los derechos humanos con sus centros de aislamiento obligatorios controlados por la policía.
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