Por Fernando Marengo
Socio de Arriazu Macroanalistas
Desde el año 2011 la economía muestra un comportamiento marcado por el ciclo político: cada año electoral la economía crece, mientras
que al año siguiente el ajuste de los desequilibrios electorales provoca una contracción de actividad. La única excepción fue el año 2019, año de elecciones presidenciales en recesión.
Para este año se espera una importante recuperación de actividad económica, luego de la profunda crisis experimentada en 2020. El aislamiento, producto de la pandemia, provocó una caída del PBI del orden del 10%, y fue la mayor contracción desde el año 2002. En la medida que se comiencen a comparar estadísticas con los meses de mayor aislamiento, comenzaremos a observar importantes tasas de crecimiento interanuales en los diferentes indicadores de actividad. De este modo, parte del “crecimiento” estaría asegurado por el bajo nivel con el cual estaremos comparando.
El favorable contexto internacional impulsaría la demanda agregada. El mundo recuperaría el nivel de actividad prepandemia, con un Brasil -principal socio comercial argentino- experimentando un importante crecimiento. Al mismo tiempo, el incremento en el valor dela cosecha agrícolapor el alza en los precios internacionales, aportaría un impulso a la demanda superior al 2% del PBI.
La mejora de actividad y la suba en los precios internacionales generarían un incremento en la recaudación tributaria del Gobierno, la cual se podría destinar a reducir el desequilibrio fiscal, o incluso, eventualmente, a reducir, aunque sea marginalmente, parte de la pesada carga impositiva. La falta de políticas prudenciales, especialmente en los años electorales, mejora la situación de corto plazo hipotecando el mediano, y no tan mediano, plazo.
En captar un mayor número de votos, la mejora fiscal, producto del crecimiento y de precios internacionales favorables, seguramente se destine a incrementar el gasto público, buscando aumentar el poder de compra de la población. Al mismo tiempo, la oferta de divisas de la cosecha permitiría intentar una mejora de los ingresos en términos de dólares, depreciando el tipo de cambio menos que la inflación.
Lo que ocurra con el poder de compra determinará las condiciones generales de la economía. Las transferencias de ingresos realizadas incrementarán las intenciones de consumo. Para que las mismas no se diluyan vía precios, el Banco Central deberá proveer las divisas necesarias para abastecer la suba de la demanda de bienes importados. Si esta demanda no es abastecida, los mayores ingresos terminarían siendo diluidos en la depreciación del tipo de cambio, ampliación de la brecha y la consecuente aceleración inflacionaria.
Si bien el escenario luce favorable para el consumo, luego de las elecciones -como suele ocurrir en los años pares- nos encontraremos con una nueva oportunidad desperdiciada y la necesidad de realizar correcciones. De no implementarse un programa que busque la consistencia de mediano plazo, nos encontraremos con un desequilibrio fiscal similar al marginal alcanzado hacia fines de 2020 pero con una mayor relación de gasto público a PBI, un nuevo incremento de deuda para financiar este desequilibrio, mayores salarios en términos de dólares y presión sobre la competitividad, con un nivel de reservas netas en niveles preocupantes.
Y todo supeditado a que el ciclo internacional no se revierta para evitar una mayor ajuste.
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