El nuevo régimen informativo que puso en marcha el Gobierno por el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente su producción, ventas, precios y stock, generó rechazo en el sector empresarial.
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“Hay una percepción de distintos sectores del Estado de que los instrumentos que estaban de antes no sirven. En el mundo sirve la Ley de Lealtad Comercial, sirve la Ley de la Competencia, sirve la Ley de Defensa del Consumidor. Acá parece que ni se mira ese contexto, sino que hay que poner otros elementos: amenazar con la Ley de Abastecimiento o amenazar pidiendo todo este tipo de datos que, en el caso de la alimentación mayoritariamente ya los tienen“, afirmó Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA y presidente de la Copal sobre la Resolución 237/2021, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
En la norma, el Ministerio de Desarrollo Productivo justifica la creación del Sipre (“Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica) en las denuncias por faltantes que se dieron en la cadena productiva desde el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y aumentos “injustificados de precios de insumos y productos finales”.
Funes de Rioja afirmó: “El efecto COVID efectivamente es internacional. Aumentaron por ejemplo los fletes internacionales y determinados insumos por determinadas circunstancias. No es un efecto argentino. Para resolver los posibles acaparamientos, el Ministerio de Desarrollo Productivo ya tiene sus mecanismos. Lo mismo para los aumentos injustificados de precios. No se necesita el Sipre. Ya hay caminos legales en la normativa vigente, excluyendo la Ley de Abastecimiento”.
El dirigente se refirió a la “mala señal” que este tipo de requerimientos puede representar para el sector privado. “El rol de la iniciativa privada es fundamental. Aquí y en el mundo. Los países que crecen, se desarrollan y van a rebotar este año, lo van a hacer porque el sector privado es capaz de invertir, generar empleo y mejores condiciones de vida para toda la población. Cuando se parte de la concepción de que el Estado es el supremo hacedor, estamos ante una distorsión de lo que es el mundo globalizado”, enfatizó y aseguró: “Uno invierte si se siente incentivado y no perseguido”.
En diálogo con Radio Mitre, Funes de Rioja recordó las recientes imputaciones que la Secretaría de Comercio realizó contra once empresas por faltantes en las góndolas. “Más que una denuncia era una acusación. Puede haber algunos faltantes, pero esas empresas se están defendiendo cada una en el marco de sus expedientes. Tal como se tradujo la información parecía una denuncia abierta, más que un pedido de explicaciones. Pero en la práctica era un pedido de explicaciones, del cual podrá surgir más adelante una acusación”, aclaró Funes de Rioja.
“Le están diciendo a las empresas que produzcan al máximo de su capacidad instalada: ¿con qué medios? ¿con qué mercado?. Esto no tiene sentido. Hay 270.000 puntos de venta en el país; digan dónde hay faltantes y discutamos caso por caso”, dijo.
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