El presidente de la AFE, imputado por soborno

Este viernes se celebran las elecciones a la presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Dos candidatos optan al cargo. David Aganzo, que lo ha ocupado desde 2017 precisamente en sustitución

del actual presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Y Gaizka Toquero, el exfutbolista del Athletic que adquirió cierta fama en el pasado. Antes de las elecciones, un suceso: Aganzo ha sido imputado en Elche por presunto soborno. Un episodio más de las guerras del fútbol, que nunca acaban. Según el auto, el dirigente futbolístico habría tratado supuestamente de conseguir información confidencial pagando a un funcionario de Hacienda. El Juzgado de Instrucción Nº3 de Elche ha levantado el secreto de sumario correspondiente al presunto delito que habrían a cabo por orden de David Aganzo y Diego Rivas y habría sido ejecutado mediante un pago de forma ilícita de 3.000 euros a un funcionario la AEAT de la oficina de Elche, cuyo nombre responde a las iniciales F.G.A. Su móvil fue requisado por la policía. Presuntamente, la intención de los dirigentes de AFE era conseguir documentación fiscal del sindicato Futbolistas ON, para lo que supuestamente sobornaron a un funcionario que fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos, por haber accedido a información confidencial fuera del horario de atención al público y de manera ilícita. En el sumario se detalla la participación del delegado de Afe en Alicante, Antonio Cañadas, que supuestamente estuvo implicado en la ejecución del delito cumpliendo órdenes de David Aganzo y Diego Rivas, y que se habría acogido a su derecho de no declarar. El director de la asesoría jurídica de AFE, Gonzalo de Medinilla Ceballos, también aparece como imputado en la causa junto a David Aganzo y Diego Rivas como presunto cerebro de la maniobra. Además, en el sumario aparece una grabación de Diego Rivas, en la actualidad miembro de la candidatura de David Aganzo y en aquel momento secretario general de AFE, en la que se puede entender que poseía la información fiscal supuestamente obtenida de manera ilícita y sustraída por parte del funcionario.