El juicio por una violación grupal ocurrida en 2012 en el balneario Playa Unión, Chubut, deberá esperar. Si bien la semana pasada el juez César Saratiegui había elevado la causa
a juicio oral, los abogados de uno de los acusados presentaron una apelación para que sea por jurados.
“El juez desoyó el pedido para que sea mediante la modalidad de juicio por jurados ”, dijeron. Ahora, habrá que ver que decisión toma el mismo juez Zaratiegui o un tribunal que podría ser designado para que actúe en la causa.
El pedido fue confirmado el pasado martes por la oficina judicial del Chubut con asiento en Rawson que recibió el escrito de los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín, en representación de Luciano Mallemaci, uno de los acusados.
El fiscal Fernando Rivarola, protagonista principal en la investigación del hecho y autor de una frase que causó polémica/Jornada
Los abogados defensores insisten con lo planteado en la audiencia preliminar respecto a que la causa debe ser en un “juicio por jurados”, que fue establecido por ley en Chubut y debería estar aplicándose desde enero.
A este pedido se opuso la fiscalía atenta a que jamás se puso en práctica esta modalidad, suspendida -por otra ley- ante la situación de pandemia. El escrito presentado por Oneto y Rallín pide la “admisibilidad” del recurso para que sea otro tribunal el que decida si corresponde o no. Con la situación actual debido a la pandemia y la justicia chubutense trabajando en consecuencia, el juicio se puede dilatar bastante en el tiempo.Para los abogados querellantes, esa es la Intención de esta Presentación.
“Es muy poco probable que el recurso prospere porque el Código marca que el acto de apertura de investigación y elevación a juicio es irrevocable, lo cual deja el camino para otra queja que tendría el mismo destino pero estiraría los tiempos de un eventual juicio oral que se realizaría sobre fin de año”, dijeron fuentes judiciales a Clarín.
“Los hijos del poder”
Los tres acusados de abusar sexualmente en forma grupal de una adolescente de 16 años en una fiesta que se hizo en una casa del balneario Playa Unión son Luciano Mallemaci (hijo de un reconocido comerciante de Puerto Madryn), Leandro Del Villar (nieto de un ex senador nacional ya fallecido) y Marcelo Ezequiel Quintana.
Estaban presentes otros dos jóvenes que en aquel momento eran menores de edad y ya fueron sobreseídos. Los vínculos familiares de los involucrados hicieron conocer el caso como “la violación de los hijos del poder”. La fiesta se había realizado en la casa de un exgobernador de Chubut, teniendo a su nieto como anfitrión. Está ubicada frente al mar y desde que ocurrió el hecho fue literalmente tapiada con ladrillos.
Escraches a los acusados. Los colectivos feministas se movilizaron pidieron justicia /Jornada.
Un sexto integrante a quien se ubicó en el lugar también fue desvinculado tras acreditar que estaba con su novia en las cercanías, pero no en el lugar del abuso. La joven víctima ahora tiene 24 años. Vivía en Madryn en 2012 pero tuvo que marcharse debido a que recibía constantes amenazas para que “no cuente lo que pasó”.
El caso tuvo también otros ribetes escandalosos. El año pasado, el fiscal general Fernando Rivarola acordó con las partes un juicio abreviado y la libertad de los acusados para lo cual usó la frase “accionar doloso de desahogo sexual”. Por esa expresión, el integrante del ministerio púbico fiscal fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura, organismo que el mes pasado en voto dividido desestimó las dos denuncias formulada en su contra.
Los hechos ocurrieron entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de setiembre de 2012. Un grupo de jóvenes se juntaron en la casa de Playa Unión para esperar la llegada de la primavera. En una habitación, dos de los acusados abusaron de la chica, mientras otro cuidaba la puerta de ingreso. También había otra pareja.
La chica no denunció el hecho en el momento. Lo hizo en 2019 a través de las redes sociales. Rivarola lo tomó y le dijo a la víctima que hiciera una denuncia formal. Entonces comenzó la investigación y se supo que la mayoría de los involucrados pertenecían a familias con mucho poder político y económico en la provincia.
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