La presencia policial y el intento de identificar a los responsables del acampe que la Asamblea Ciudadana por el Vulpiani mantiene desde la noche del lunes en inmediaciones del acueducto, donde se avanza con una mega obra impulsada por el Gobierno de San Luis, generó este miércoles un nuevo alerta y el llamado de los activistas a “sumarse a la defensa del monte”.
Este martes, la fiscal de Instrucción N°4, María del Valle Duran, emitió una resolución judicial donde ordenó a la Policía a que identifique a todas las personas mayores de edad que estaban en el lugar y que además fueran intimados a cesar “en su actitud”.
Asimismo, la magistrada expuso que ante la negativa, los manifestantes incurrirán el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal que establece una pena de “prisión de 15 días a un año el que se resistiere o desobedeciere a un funcionario público”.
La fiscal respondió así a una denuncia interpuesta por Sergio Angel Finelli en la comisaría Seccional 5, en la que solicitó la intervención judicial por la colocación de “cubiertas y alambres de púas” que entorpecen “el avance e inicio” de la obra cuestionada.
Maria José Escudero, referente de prensa de la Asamblea Ciudadana dijo este miércoles a Télam que “no es verdad que entorpezcamos el paso vehicular, lo que se está tratando de impedir es que las máquinas avancen sobre el monte, hasta tanto podamos negociar con los funcionarios gubernamentales el destino del ultimo pulmón verde con el que cuenta Juana Koslay y que pedimos será declarado una reserva natural”.
🎬 ENTREVISTA | 4 DE JULIO
👉 Juan Quiroga, Integrante de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Vulpiani – Acampe en el Parque.https://t.co/VHpbhdPMPW#NadaSecretoUNSL #TípicamentePeriodístico
— NADA SECRETO (@NadaSecretoUNSL) July 4, 2023
Este miércoles a la mañana, aproximadamente 40 vecinos entre activistas ambientales y ciudadanos se encontraban en el lugar “resistiendo” el avance de la mega obra planificada por el Gobierno provincial, sobre una superficie de más de 12 hectáreas con una inversión de 1.800 millones de pesos en un territorio de “monte nativo” que implicara la “destrucción total del ecosistema”, afirman los asambleístas.
El proyecto que fue anunciado el 12 de abril por el gobernador, Alberto Rodriguez Saá, contempla la ejecución de edificios con locales comerciales y oficinas; nexo y red de agua potable, de energía eléctrica, de gas natural, de cloacas y de fibra óptica; nueva red vial, puente vehicular peatonal nuevo y senderos peatonales; teatro al aire libre para más de 100 personas y se ubica en Avenida San Roque y Ruta 20 de la localidad de Juana Koslay, situado a 7 kilómetros al este de la capital provincial.
Con la obra se prevé intervenir además, los miradores del Cerro y Salto La Salamanca, “un geositio con millones de años de historia que permite reconstruir didácticamente el paisaje de antaño y comprender la evolución geológica que generó el paisaje actual”, afirmó el geólogo y profesor universitario, Héctor Luis Lacreu, en un trabajo publicado sobre esa parte del parque.
“Nos encontramos con que las máquinas empezaron a trabajar así que vimos la necesidad de estar acá y la idea es sostener la medida hasta que se presente alguna autoridad y nos brinde una respuesta”, explicó a Télam María José Escudero.
La Asamblea Ciudadana ha desarrollado una activa presencia en las redes sociales y es acompañada por vecinos del lugar que no acuerdan con la transformación del espacio verde en un complejo inmobiliario de gran estructura ya que eso sería “reemplazar el verde por el gris del cemento”, entre otros impactos para la vida de las personas.
Los asambleístas afirman que “agotaron la vía administrativa” frente al Gobierno provincial para “ser escuchados y encontrar en el diálogo, una acción consensuada para que la intervención en el predio sea respetuosa de los bienes naturales que representa un bosque nativo con ejemplares de algarrobo de mucha edad”.
Si bien la obra cuenta con un estudio de impacto ambiental que la justifica, los asambleístas aducen que los argumentos “son insuficientes” para “aniquilar un pulmón verde” con una obra que “nadie pidió” y con cuya construcción “los vecinos no acuerdan”.
Fuente Telam