A 20 años de la entrega del Informe de la Verdad en Perú, que analizó la violencia política desatada entre 1980 y 2000, aún hay casi 20.000 personas de las que se desconoce su paradero, mientras no hubo grandes avances en relación a las promesas de justicia, reparación y reconciliación.
El aparente desaire del gobierno al acto de aniversario celebrado esta semana, el hostigamiento que contra esa ceremonia realizó el grupo ultraderechista La Resistencia y nuevos reparos mediáticos indican, para analistas, que falta mucho para asimilar lo que pasó en un período en que, según la Comisión de Verdad y Reconciliación (CVR), murieron 69.280 personas.
“Es natural que haya esas objeciones. En esa etapa (la última década de la violencia) estaba en el poder un sector que mantiene relevancia”, le dijo a Télam el politólogo Roger Santa Cruz, en referencia al partido Fuerza Popular (FP), legado del entonces presidente Alberto Fujimori.
Sendero Luminoso fue hallado responsable de 54% de las muertes y/o desapariciones, las Fuerzas Amadas de 36% (29% los militares y 7% los policías) y el MRTA de 2%. El 8% restante corresponde a casos de víctimas en los que no se ha podido establecer la autoría
El fujimorismo es el gran contradictor del informe: “La CVR nació viciada porque la mayoría de los miembros tenían ya un sesgo ideológico”, afirma la líder de FP, Keiko Fujimori, hija de Alberto y principal referente de la derecha actual en Perú.
A la conmemoración, celebrada el martes en el museo Lugar de la Memoria, llegaron miembros de La Resistencia que acusaron de “terroristas” a los presentes, sin que los tres policías asignados a la vigilancia hicieran demasiado.
Pero lo que más dolió entre activistas fue la ausencia del jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y del ministro de Justicia, Daniel Maurate, que estaban invitados. La representación oficial quedó en el viceministro de Derechos Humanos, Luigino Pilotto.
“Pienso que esas personas (las que tienen ‘responsabilidad social’), luego de análisis y reflexión, deben invocar a la sociedad a que se rompa esta circularidad y se busque o se aliente el diálogo entre posiciones diferentes”, dijo después en televisión el filósofo Salomón Lerner, presidente de la CVR.
Los 12 comisionados, de diversas vertientes, fueron convocados en 2000 por el presidente interino Valentín Paniagua.
Su misión: aclarar lo ocurrido en la ofensiva iniciada en 1980 por Sendero Luminoso y en 1983 por el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y la respuesta, muchas veces ilegal, de las fuerzas del Estado.
El informe, entregado en 2003, fue redactado tras una larga investigación que incluyó alrededor de 20.000 entrevistas y audiencias -incluso con miembros de las Fuerzas Armadas- y el estudio de copiosa documentación.
El número de muertos se estableció con un cálculo científico al que se recurrió por la imposibilidad de acreditar cada nombre.
Por ese cálculo, los críticos aseguran que el número de víctimas fue agrandado para desprestigiar a militares, policías y los gobiernos de Fernando Belaunde (1980-1990), Alan García (1985-1990) y Fujimori (1990-2000).
El fujimorismo es el gran contradictor del informe: “La CVR nació viciada porque la mayoría de los miembros tenían ya un sesgo ideológico”, afirma la líder de FP, Keiko Fujimori, hija de Alberto y principal referente de la derecha actual en Perú
Sendero fue hallado responsable de 54% de las muertes y/o desapariciones, las Fuerzas Amadas de 36% (29% los militares y 7% los policías) y el MRTA de 2%. El 8% restante corresponde a casos en los que no se ha podido establecer la autoría.
En el informe, la CVR hace énfasis en atribuir las mayores responsabilidades al grupo maoísta fundamentalista que quiso imponer un régimen similar al de Pol Pot en Camboya. De todas formas, también ahondó en la responsabilidad del Estado.
“Hasta antes solo se hablaba de Sendero y el MRTA. Lo que hizo la CVR fue abrir (investigar) toda una práctica (de represión) iniciada con el ingreso primero de la Policía y después de los militares”, dijo al portal La Mula una de las comisionadas, Sofía Macher.
El trabajo permitió también conocer mejor a las víctimas: el 79% era de zonas rurales y el 56% se dedicaba a la agricultura. Solo el departamento de Ayacucho, uno de los más pobres, aportó 40%.
La inmensa mayoría de caídos eran del Perú andino, amazónico, indígena, pobre, sin instrucción. La tragedia, dicen los comisionados, “no fue sentida como propia por el resto del país”.
Los desaparecidos llegaron a 21.918 y de ellos solo se logró ubicar hasta ahora, vivos o muertos, a 2.718. De los restantes 19.200 sigue la búsqueda, aunque de al menos 10.500 hay clara presunción de que están muertos, según el seguimiento de la Defensoría del Pueblo.
Los programas de reparación han sido ineficaces. Para citar dos ejemplos, en educación y vivienda aún no hay ningún tipo de ayuda para el 93% de los potenciales beneficiarios.
Los procesos judiciales tampoco avanzan: de 53 casos para los que la CVR entregó argumentos sólidos, solo 23 tienen condenas, incluidas las dos masacres por las que Alberto Fujimori paga 25 años de cárcel desde 2007.
El “terruqueo” o la descalificación mediante el apelativo ”terrorista” contra dirigentes o militantes de la izquierda o del centro forman parte del accionar político
Para Santa Cruz, las perspectivas no son las mejores: “Sin reconocimiento y sin intención de resarcir, el tema de la reconciliación continuará como una barrera”. Para Febres, además, “la justicia que tarda no es justicia”.
“El Gobierno peruano reitera su compromiso de fortalecer de manera conjunta los diversos mecanismos que implementa el Estado para reparar los derechos vulnerados de las víctimas civiles, policiales y militares, así como para determinar la situación de las personas desaparecidas”, prometió, sin embargo, el viceministro Pilotto.
Sendero quedó desarticulado en 2000 y el MRTA -que nació como una guerrilla guevarista clásica, pero viró a acciones urbanas-, desapareció en 1997. Del primero queda un pequeño grupo radical con aspiración hasta ahora frustrada de convertirse en partido y del segundo no hay legado alguno.
Aún así, las acusaciones de “terrorismo” siguen a la orden del día.
El “terruqueo” o la descalificación mediante el apelativo ”terrorista” contra dirigentes o militantes de la izquierda o del centro forman parte del accionar político.
“Felizmente no hay ahora, y espero no lo haya nunca, un dogmático medio loco que, penetrado de una ideología totalitaria, se aproveche de la situación penosa en la que la gente se encuentra y haga de eso una especie de caldo de cultivo para un gran sismo social”, dijo Lerner en referencia al fundador de Sendero, el fallecido en prisión Abimael Guzmán.
Fuente Telam