La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acudió este miércoles a la Fiscalía para ser interrogada dentro de la investigación que se le sigue por presuntos genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por la represión de las protestas contra su gobierno, pero se negó a responder el interrogatorio, según indicó su abogado, Joseph Campos.
“La situación es la misma”, dijo a los reporteros Campos tras el fin de la diligencia, que se desarrolló en la sede de la Fiscalía en medio de medidas especiales de seguridad. La defensa solicita el cierre de la investigación con el argumento de que “no tiene asidero”.
Según se pudo establecer, Boluarte se limitó a responder cuestiones generales, pero se abstuvo de dar respuestas específicas, una actitud que le está permitida por ley.
Es la segunda vez que Boluarte atiende una diligencia similar dentro de la investigación que se les sigue por los hechos ocurridos durante las protestas que vivió el país entre diciembre y marzo pasado, en las que murieron 49 personas, o 77 si se tienen en cuenta hechos colaterales.
En la primera ocasión, la presidenta también se mantuvo en silencio, a pesar de que su departamento de prensa dijo que sí había colaborado, lo que fue desmentido después.
La investigación, que según juristas expone a Boluarte a más de 20 años de cárcel, incluye al hoy jefe de gabinete y entonces ministro de Defensa, Alberto Otárola, también citado a interrogatorio por la Fiscalía.
El abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera había advertido que el interrogatorio incluía tres casos que no hacían parte de la primera citación: las muertes en Lima y el departamento andino de Cusco y lesiones graves en la ciudad selvática de Pucallpa.
Paradójicamente, el único muerto en Lima, Pedro Santibáñez, un obrero de 55 años, cayó a apenas unos metros de donde se desarrolló la diligencia de este miércoles. En su caso, como en varios otros, hay imágenes de video que muestran que se le disparó a quemarropa cuando estaba indefenso.
Las protestas
Las protestas estallaron poco después de que Boluarte asumiera la presidencia el 7 de diciembre en reemplazo de Pedro Castillo -destituido por el Congreso y detenido después de que intentara disolver al Legislativo- y se encontraron con una dura respuesta de parte de las Fuerzas Armadas.
Diversos organismos nacionales e internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han hablado de exceso de fuerza en la represión y de posibles ejecuciones extrajudiciales.
Al margen de las diligencias de la Fiscalía, Boluarte, abogada de 61 años que llegó a la vicepresidencia por el partido de izquierda Perú Libre y que acompañó a Castillo como ministra de Inclusión Social, se proclama inocente, con apoyo de partidos de derecha que se opusieron a su antecesor.
La defensa de Boluarte en discursos y en declaraciones de prensa ha fluctuado entre asegurar que no hubo excesos y que todo fue culpa de los manifestantes y en que sí se presentaron posibles casos al margen de la ley, pero sin que ella tuviera responsabilidad, atribuyéndosela a mandos policiales y militares.
En el primer caso, los acusadores estiman que hay suficientes elementos para hablar de que hubo una política de represión violenta dirigida desde Palacio y en el segundo hay testimonios como el del entonces ministro del Interior, César Cervantes, que indican que la presidenta fue informada detalladamente de cuanto acontecía y dio su visto bueno.
El malestar popular estalló después de que Buluarte, al asumir la jefatura del Estado, anunció que permanecería hasta el fin del período, en 2026, con lo que desoyó el clamor, de más del 90% según encuestas, para que convocara elecciones anticipadas que permitieran cambiar pronto de Ejecutivo y Legislativo.
Boluarte retrocedió luego y pidió unas elecciones incluso este año, pero el Congreso no la acompañó en ese propósito, que sigue en la agenda de la oposición, aunque sin tomar forma concreta.
Las movilizaciones fueron especialmente intensas en departamentos de los Andes sureños, como Puno, Apurímac, Ayacucho y Cusco, donde murieron decenas de personas, incluidas varias que según testimonios o videos y fotografías no representaban ningún riesgo grave para los uniformados.
Los muertos
En total fueron 49 los civiles fallecidos por la acción militar y policial, en la mayoría de los casos por disparos de bala o de lanzadores de bombas lacrimógenas.
Las muertes suben a 77 si se suman 28 personas que cayeron en hechos paralelos, como diez soldados que se ahogaron en un río cuando supuestamente eran acosados por una turba o un policía que apareció incinerado dentro de una patrulla cerca de un lugar donde había enfrentamientos.
Las protestas cesaron hacia marzo, cuando fenómenos meteorológicos, que incluyeron un huracán y decenas de inundaciones, trasladaron la atención popular y las urgencias. Las movilizaciones se reiniciaron en julio, pero sin la misma intensidad y en un marco pacífico.
Boluarte, Otárola y sus aliados políticos, insisten en que las protestas fueron lideradas por “terroristas” y otros delincuentes, incluidos narcotraficantes y mineros ilegales, aunque no han aportado ninguna evidencia al respecto.
Los manifestantes, entre los que no surgieron liderazgos notorios, aseguran por su parte que las protestas, que se extendieron por semanas e incluyeron cortes de carreteras y concentraciones en Lima, fueron básicamente espontáneas y, salvo algunas infiltraciones, con intenciones pacíficas.
Las diligencias en la Fiscalía generan dudas entre la oposición, que consideran que la jefa de esa entidad, Patricia Benavides, es una clara aliada política de Boluarte y de quienes la apoyan desde el Congreso.
Por ahora no está claro cuál será la siguiente diligencia que implique a la presidenta, cuya desaprobación dentro de la ciudadanía pasa de 80%, según las últimas encuestas, y que solo se basa en el apoyo de un Congreso al que los mismos sondeos le dan más de 90% de rechazo.
Fuente Telam
