En la reforma constitucional de 1994, el artículo 41 sentenció que «todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.» Cinco años después, Santa Fe sancionó su primera ley ambiental (la N°11.717) adelantándose a la ley general de ambiente que recién se sancionaría en 2002, convirtiéndose en pionera a nivel nacional. Más acá en el tiempo, en 2017, el entonces gobernador Miguel Lifschitz creó el Ministerio de Ambiente, hasta ese momento con rango de Secretaría en el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos. Durante la gestión de Omar Perotti, el área mantuvo su jerarquía como «Ministerio de Ambiente y Cambio Climático». El recorrido histórico se justifica para entender (o no) la intención del gobernador electo, el radical Maximiliano Pullaro, de eliminar la actual cartera de Ambiente; con el agravante de subordinarla al Ministerio de la Producción, es decir, la decisión política de postergar el cuidado del ambiente frente al fomento de prácticas extractivistas –como el agronegocio y los proyectos inmobiliarios sobre áreas naturales– con la siempre argumentada excusa de la rentabilidad económica.
“La decisión del gobernador electo de eliminar el Ministerio de Ambiente es incomprensible si atendemos a la gravísima crisis ecológica que atraviesa la provincia de Santa Fe, cuyo territorio viene siendo devastado desde hace más de 10 años por los incendios en el Delta del Paraná, la deforestación masiva y los dramáticos aumentos de temperatura fruto de la intensificación del cambio climático, que afectan directamente el bienestar físico de las personas en las principales ciudades y áreas metropolitanas y que pone en riesgo el mismísimo sistema económico productivo, generando pérdidas multimillonarias”, reflexiona Rafael Colombo, integrante de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
“Si a ello le sumamos el bajísimo porcentaje de áreas naturales protegidas y el vaciamiento de los planes de gestión de las mismas; la proliferación de basurales a cielo abierto; las zonas liberadas para el emplazamiento de cotos de caza; la contaminación industrial sin control alguno; el drama de los pueblos fumigados; el avance desmedido de mega-urbanizaciones inmobiliarias y la ausencia de políticas de protección de las cuencas hídricas y de la diversidad biológica, entre otros problemas, que Ambiente pierda su jerarquía y, peor aún, sea colocada dentro del Ministerio extractivista de la Producción, un área al servicio de las peores prácticas y recinto de funcionarios afines del agronegocio suicida, demuestra el estado de ceguera ecológica y analfabetismo ambiental que impera en buena parte de la clase política”.
Para atrás
Hace unos días, los equipos técnicos del gobernador electo mantuvieron la primera reunión con funcionarios del área de Ambiente, en el marco de la transición de mando. Si bien en público solo admitieron que «no hay definiciones sobre la estructura», trascendió que el plan de Pullaro es que el Ministerio de Producción pase a llamarse de Producción y Desarrollo, absorbiendo al actual Ministerio de Ambiente, que pasaría al rango de Secretaría: vale decir, un recorte en el presupuesto. Todo ocurre de cara a una nueva temporada estival donde en los últimos años se quemaron más de 100 mil hectáreas.
Sostiene Luz Ferradas, concejala de Rosario por Ciudad Futura y presidenta de la Comisión de Ecología y Ambiente: “vamos a pensar políticas públicas referidas a lo ambiental pero bajo el cristal de lo productivo, cuando en nuestra provincia el sector productivo, agropecuario, el monocultivo, van en contradicción con lo que creemos que tienen que ser las políticas públicas de una cartera de Ambiente; sobre todo pensar políticas que ayuden a transicionar algunas prácticas, consumos y formas de producir que tenemos los santafesinos y santafesinas para mitigar el daño que se viene haciendo”.
“La justicia ambiental –concluye Ferradas– es una cuestión de Derechos Humanos. Plantear las políticas públicas ambientales con una visión desde lo productivo nos pone en alerta para lo que van a ser los próximos cuatro años en la Provincia. Mucho de las victorias y de las conquistas que se fueron dando fuera de las instituciones tuvieron su eco, por ejemplo, en las municipalidades. Lamentablemente ya sabemos que con este nuevo gobierno arrancamos para atrás”. «
Bosques nativos en Chaco
Desde el 2020, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, inició un proceso de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia que, según la Fundación Vida Silvestre Argentina, “representa un retroceso significativo en cuanto a la protección de los bosques nativos”. En las últimas semanas, Capitanich sacó un nuevo decreto habilitando adecuaciones al OTBN que estarán a cargo exclusivamente del Ministerio de Producción, Industria y Empleo, impidiendo así la participación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible de la provincia. Además del “corrimiento” del Ministerio de Ambiente, la organización ambientalista cuestiona, entre otras cosas, que “las actualizaciones del OTBN deben ser aprobadas por ley y no por decreto, acorde a lo exigido por la Ley de Bosques Nativos”.
Fuente Tiempo Argentino
