El Gobierno avanza en el desmantelamiento de dos nuevos organismos estatales. Así lo informó este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien reveló que se trata del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
Según precisó el funcionario, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que empleaban a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. «Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, subrayó al respecto.
Adorni cuestionó “la fiesta que había del gasto público” y planteó que había «160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
El Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena se creó bajo la administración de Alberto Fernández a finales de 2022 a través de la firma del decreto (729/2022) y era conducido por Miguel Gómez, dirigente del Movimiento Evita del riñón de Emilio Pérsico.
El anuncio del cierre, según publicó la agencia Noticias Argentina, llega el día después de la denuncia del Ministerio de Capital Humano al ex secretario de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Emilio Pérsico, por el envío de fondos a dos cooperativas que integraba, al mismo tiempo que era funcionario.
De acuerdo a la presentación, el dirigente social, durante el gobierno de Alberto Fernández, habría enviado $473 millones a la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada.
«El Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presenta ante la justicia federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Persico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público», se detalló.
«Su accionar no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados», se agregó.