El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que va a “velar por el interés nacional”, al referirse a la demanda de Montecon por 600 millones de dólares, que exige a modo de resarcimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.
“Sostenemos la inversión portuaria más grande de la historia del país y los empresarios afectados que recurran”, planteó sobre la denuncia por “pérdidas y daños” al considerar que hubo “prácticas anticompetitivas” en el Puerto de Montevideo, a raíz del acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie en 2021.
En ese sentido, el presidente indicó que va a “velar por interés nacional, por que haya inversiones y más trabajo en el puerto”, mientras contrapuso que la demanda “es un tema de los empresarios que ven supuestamente afectados sus intereses y van por ese carril”.
“Obviamente que no lo comparto y cuando uno ve qué tipos de usuarios hay en el puerto, me parece que algunos fueron privilegiados en su momento”, apuntó.
Al destacar su gestión en materia portuaria, valoró el acuerdo con Argentina para el dragado a 14 metros. “Hace poco tiempo conseguimos una cosa que hace más de 20 años que Uruguay está buscando que son los 14 metros del canal de acceso. Eso es un antes y un después”, sacó pecho Lacalle Pou.
Los motivos de la demanda de Montecon
Montecon, que es propiedad del consorcio Neltume Ports, cuyos accionistas son la chilena Ultramar y la canadiense Atco, aseguró que el recurso ante el Ciadi se basa en que “el Estado uruguayo violó los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá”.
Para el operador portuario, el gobierno lanzó “una serie de medidas que impiden a Montecon transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del Puerto de Montevideo, desconociendo el régimen legal de libre competencia”.
Montecon sostuvo que la demanda se dio “tras el cierre sin éxito de un período de consultas y negociaciones directas para alcanzar una solución amistosa” con las autoridades del país.
En tanto, informó que inició una segunda solicitud ante el Ciadi en la que denuncia “la violación de los principios del tratado de protección de inversiones que Uruguay suscribió con Canadá, por 240 millones de dólares”.
Fuente Ambito