Esta es la historia de uno de los episodios más oscuros y crueles de la Argentina. Y uno de los más silenciados. El 19 de julio de 2024 se conmemoran 100 años de la Masacre de Napalpí, parte del genocidio indígena cometido por el Estado argentino, cuyo reconocimiento y reparación aún sigue en proceso. La búsqueda de la verdad sobre estos hechos surgió del mismo pueblo qom y moqoit, a partir de la recopilación y escritura del historiador qom Juan Chico, que falleció durante la etapa de investigación de la causa judicial, a causa del Covid–19.
Sin embargo, su legado forma parte de la sentencia histórica ocurrida el 30 de junio de 2022, última etapa de un juicio que no tuvo como objetivo la condena penal sino la búsqueda de la verdad y la reparación. Un proceso que imitó los caminos judiciales que se vieron forzadas a construir Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la Cámara Federal con sus desaparecidos, cuando la obediencia debida y punto final impedían el juicio y castigo a los culpables.
Vuelos de la muerte
“No conocían los caramelos y había muchas expectativas. Esa mañana cuando sobrevuela el avión y tira caramelos, ellos salen, empiezan a recogerlos y ahí empiezan a sentir el estruendo. Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo, es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, me hace doler el corazón”. Así declaró a los 114 años como testimonio judicial Rosa Grilo, la que fue durante largo tiempo la única sobreviviente de la Masacre, fallecida en abril de 2023.
El 19 de julio de 1924, en la llamada «Reducción de indios» de Napalpí, ubicada en El Aguará, Chaco, al menos mil indígenas del pueblo qom y moqoit realizaban una medida de protesta y reclamaban alimentos, reunidos en las tolderías. Según consta en el expediente FRE 9846/2019, caratulado “Masacre de Napalpí s/ Juicio por la Verdad”, días antes habían negociado con el gobernador Fernando Centeno algunas mejoras a sus condiciones de vida, incluidas la entrega de dos vacas y algunos kilos de galletas ya que hacía días que no comían, promesas que habían sido incumplidas. Pero además, por reclamo de los hacendados, no se les permitía partir a las cosechas del norte donde, probablemente, tendrían alimento.
Según pudo probarse por documentación histórica, la matanza fue planificada desde el Estado nacional en connivencia con autoridades provinciales y hacendados, y ejecutada por un centenar de policías nacionales, gendarmes y civiles armados, ayudados por logistica aérea. Ese día, al menos 130 habían llegado a la reducción y esperaban cerca del campamento indígena.
Entonces, un avión biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco II, sobrevoló la zona y comenzó a arrojar comida y caramelos. Cuando se amontonaron para levantarlos (sobre todo niños) comenzaron las balas. De manera ininterrumpida, según pudo reconstruirse en la causa, dispararon más de 5 mil proyectiles por 45 minutos. Entre 400 y 500 mujeres, niños, hombres y ancianos fueron asesinados. A los que quedaron en pie, les hicieron cavar la fosa que luego sería su tumba. A quienes lograron escapar, los salieron a cazar durante meses. Lo que siguió por casi un siglo fue silencio.
El juicio por Napalpí
“Fue un desafío importante la investigación de un hecho que ocurrió hace 100 años, tenía la cuestión de la interculturalidad al ser víctimas indígenas y pudimos resolverlo ya que había un proceso de reconstrucción de la memoria histórica de la propia comunidad, encabezada por el historiador Juan Chico”, destaca a Tiempo Diego Vigay, de la Fiscalía Federal de Chaco.
El proceso incluyó la recopilación de voces realizada por Chico y también la producción científica de especialistas del Conicet, para establecer el contexto y lo que derivó en la masacre: “Ese enorme plasfón nos permitió llevar adelante la investigación, la recolección de la prueba, la reconstrucción de cómo fueron los hechos y llegar a la instancia de juicio”.
Vigay destaca el rol estratégico del Archivo General de la Nación y del Archivo Provincial Histórico de Chaco, que “buscaron durante meses en los pliegues mas recónditos de la burocracia estatal, pruebas e indicios de lo que había sido la masacre, de las condiciones de vida en la reducción y salieron como testigos”.
El fiscal asegura que este juicio fue especialmente importante para el Poder Judicial de Chaco, porque promovió un aprendizaje desde la interculturalidad: se le dio prioridad a los testimonios indígenas y la posibilidad de uso de la lengua de su pueblo, “pero sobre todo, se pudo valorar el testimonio de hijos y nietos de descendientes (de las víctimas) por lo que es la tradición del relato oral”.
Foto: @originariosAR
Proceso de homogeneización
Así como en la Patagonia Rebelde (ocurrida un par de años antes) gobernaba Hipólito Yrigoyen, en el caso de Napalpí estaba Marcelo Torcuato de Alvear. “Conmemoramos cien años de un hecho atroz que ocurrió en un contexto muy particular porque era un período democrático, con territorios nacionales que estaban gobernados por delegados. Argentina entraba en un proceso de homogeneización social, cultural, de crecimiento económico; en ese marco se producen una cadena de hechos represivos y masacres, no solo la de Napalpí”, asegura Alejandro Jasinski, historiador que fue testigo en la causa judicial.
Menciona como ejemplos la masacre de los peones rurales en la Patagonia sucedida años previos a Napalpí, y La Forestal en el norte de Santa Fe: “Por eso esta es una sentencia histórica, incluso en el ámbito internacional, porque reconoce la matanza como delito de lesa humanidad, condena al Estado por estos asesinatos (homicidio «agravado con ensañamiento con impulso de perversidad brutal») y por reducción a la servidumbre. También solicita una serie de medidas reparatorias y crea una unidad ejecutora”.
En 2023 avanzaron con la idea de enseñar el tema en las escuelas y formar al poder judicial y fuerzas federales, pero con el nuevo gobierno la Unidad peligra. Jasinski asegura que es un juicio que abre ventanas para la investigación de la verdad en otros hechos del genocidio indígena silenciado, y además toma otra importancia en el contexto actual: “Ahora, teniendo que luchar por su reconocimiento, por su derecho a las tierras, en un contexto complejo, de desalojos, pone en agenda pública un tema que no está pero que sigue siendo una demanda”.
Una reparación que peligra con el nuevo gobierno
Además de condenar al Estado, la sentencia por la Masacre de Napalpí creó una Unidad Ejecutora para las medidas reparatorias. Está conformada por la Fiscalía Federal de Chaco, las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y la provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Instituto del Aborigen Chaqueño y la Fundación Napalpí.
Desde el fallo, en junio del 2022, produjo dos informes sobre sus avances. Según expresó el fiscal Diego Vigay, muchas medidas reparatorias ya se cumplieron. Por ejemplo, la formación a las fuerzas federales con perspectiva en interculturalidad, en 2023: “Durante todo un mes se formaron a 5000 agentes, cadetes, suboficiales y oficiales de las cuatro fuerzas federales y de la Policía del Chaco y el Ministerio de Seguridad elaboró un manual un protocolo de actuación con abordaje intercultural”.
Los Ministerios de Educación nacional y provincial recibieron capacitaciones y elaboraron una serie de materiales para incorporar a la currícula escolar, donde se incluyó la Masacre de Napalpí y el genocidio indígena. Eso sí, fue durante la gestión anterior. “A raíz de la sentencia se creó un archivo digital dentro del Archivo Nacional de la Memoria y se está terminando el catálogo para subir a Internet, con toda la documentación del juicio; hay mucha documentación, hay tesis doctorales, libros, artículos de revistas científicas, y documentos históricos que van a estar para el acceso público”.
Entre lo que queda pendiente, mencionó el proceso de cambio de nombre Colonia Aborigen, que debe realizarse con consulta popular. Hay un proyecto de ley para su instrumentación. Pero gran parte de las medidas reparatorias dependen del gobierno nacional y en el actual contexto regresivo de los derechos indígenas, su cumplimiento es improbable. “Está pendiente el pedido de perdón por parte del gobierno nacional”, señaló. También la producción de un programa especial que se iba a realizar en la Televisión Pública.
Buscar una aguja en un pajar
Como parte del derecho a la verdad, la Fiscalía Federal de Chaco propuso la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para realizar los trabajos antropológicos de exhumación de las fosas comunes, recuperación y análisis de los restos.
En octubre 2018, el EAAF concretó una visita preliminar al lugar donde -según testimonios- ocurrieron los hechos de la masacre y podrían estar las fosas. Se trata de una zona rural de 50 hectáreas ubicada a 150 kilómetros de Resistencia. “Después de un año de búsqueda no se logró dar con las fosas comunes, hay que tener en cuenta que el lugar cambió mucho porque se urbanizó, ya no hay árboles o cursos de agua”, cuenta el fiscal Diego Vigay. No obstante, se encuentran profundizando la búsqueda a través de fotos satelitales: “Las más próximas a la época son de los ’60, o sea de 40 años después”. Testimonios recuerdan que los pozos de agua, al momento de la masacre, tuvieron mucha sangre y grasa durante varios meses: “Entonces está la posibilidad que la fosa común esté conectada subterráneamente a alguna corriente de agua; se está buscando, pero es una aguja en un pajar”.
Conmemoración
El 11 de julio se realizó la Jornada por el Centenario de la Masacre de Napalpí en el Centro Cultural Paco Urondo en CABA. La actividad fue impulsada por el Proyecto de investigación UBACyT Memorias, resistencias y agencias políticas de comunidades y colectivos indígenas junto a la Fundación Napalpí, la Fundación Luisa Hairabedian y la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena. “El objetivo fue conmemorar lo ocurrido el 19 de julio de 1924 en Napalpí, Chaco, y a partir de ahí, analizar sus implicancias en el presente un siglo después, así como también reflexionar sobre el Juicio por la Verdad que se realizó en 2022”, informaron.
Fuente Tiempo Argentino