La Ursea presentará en pocos días el informe que utiliza el Poder Ejecutivo para determinar el valor de la nafta para el mes siguiente.
El gobierno se apronta a decidir qué sucederá con los precios de los combustibles durante setiembre en Uruguay, mientras se encuentra a la espera de que la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) presente el informe de Precio de Paridad de Importación (PPI).
Con tanto solo cinco días para que la Ursea presente su informe, es preciso estudiar lo que sucede en el marco internacional. Desde el mes de julio, el barril de petróleo disminuyó su valor en 6 dólares, lo que impactó en el precio del galón en los mercados que utiliza la unidad reguladora como referencia.
Teniendo esto en cuenta, se esperaría que los precios del combustible reflejen una baja en el mes de setiembre. Sin embargo, cabe recordar que durante los últimos dos meses, el Poder Ejecutivo decidió mantener los valores de la nafta a pesar de que el Precio de Venta al Público (PVP) recomendaba una suba, por lo que se podría llegar a inferir que los valores queden igual en el mes que se avecina.
¿Cómo se calcula el precio del combustible?
El objetivo de esta metodología que se aplica desde 2002, pero sufrió modificaciones en 2010 y en 2017, es transparentar los costos de los combustibles (gasolinas, gasoil, fuel oil, gas licuado de petróleo o supergás, y propano) frente a los consumidores finales; sobre todo considerando que la importación y producción de derivados del petróleo en el país está en menos de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap), una empresa estatal.
De esta forma, y basándose en el PPI —además de otras consideraciones de carácter político y económico—, el gobierno establece el Precio en Planta Ancap (PEP); es decir, el valor que, sin impuestos, consiste en el ingreso neto que percibe la empresa por sus ventas.
En tanto, el PPI considera diferentes costos de los servicios relacionados con la importación de combustibles en Uruguay, para luego fijar un precio de referencia que puede ajustarse según otras necesidades financieras empresariales u objetivos de políticas públicas señaladas por el Poder Ejecutivo.
El cálculo no está limitado a corto plazo —en tanto incluye costos de inversión además de los operativos y de mantenimiento—, e intenta reflejar la actividad de un importador y los costos de eficiencia que eventualmente tendría que asumir para acceder a productos de calidad similar a los requeridos en el mercado doméstico.
Fuente Ambito